Un disparo, un ojo perdido y una condena que divide: el fallo que enfrenta a la policía tucumana

La Justicia de Tucumán dictó una sentencia que deja al descubierto las tensiones dentro de un operativo policial que terminó en tragedia. Un joven de 19 años perdió el ojo derecho tras recibir un disparo efectuado por un efectivo durante un procedimiento. Mientras un policía recibe una condena condicional, su compañero fue absuelto, y la defensa anuncia apelación.

¿Qué pasó aquella tarde en el pasaje Einstein?

El hecho se remonta a la tarde del 13 de noviembre de 2020, alrededor de las 18:30. Cuatro integrantes del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) realizaban recorridos preventivos en inmediaciones del pasaje Einstein al 1.900.

Allí observaron a dos hombres que circulaban en una motocicleta. Al advertir la presencia policial, los sospechosos arrojaron un objeto a la vía pública y escaparon. El grupo se dividió: dos uniformados constataron que el elemento descartado era un arma de fuego, mientras los otros dos iniciaron la persecución.

La situación se complicó cuando vecinos del lugar interfirieron para impedir la detención de los motociclistas. Ante el disturbio, los efectivos solicitaron refuerzos, entre los que se encontraban los ahora imputados, Julián Alberto Campos y Juan Antonio Díaz.

El momento crítico y la lesión irreversible

Durante el operativo, ambos policías aprehendieron a Juan Carlos Durán por su presunta intervención en el altercado y por desobedecer órdenes. Luego lo subieron a la caja de un patrullero para trasladarlo.

Fue en ese instante cuando se produjo el disparo que impactó en el rostro de Rodrigo Esteban Rodríguez Argañaraz, sobrino de Durán, quien se encontraba en la vereda. La herida le ocasionó la pérdida total del ojo derecho, una lesión de extrema gravedad y carácter permanente.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos dirigida por Mariana Rivadeneira. La hipótesis fiscal sostuvo que uno de los policías imputados habría subido a la caja del vehículo portando una escopeta Maverick serie 70594 y efectuado varios disparos, uno dirigido a corta distancia hacia el joven.

Un juicio con pedidos de pena muy dispares

El debate oral comenzó el 18 de febrero. Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal, representado por el auxiliar Federico Lizárraga, solicitó para ambos acusados una pena de ocho años de prisión. Los consideraba coautores del delito de lesiones gravísimas agravadas por su condición de miembros de la fuerza de seguridad.

Lizárraga argumentó que no se trataba de un juicio contra la institución policial, sino contra la conducta específica de dos funcionarios que, en ejercicio del poder de policía y con un arma del Estado, causaron un daño irreversible.

Por su parte, la querella, encabezada por el abogado Patricio Char, reclamó una condena de 10 años de prisión efectiva para Campos. Sin embargo, se apartó de la acusación respecto de Díaz, al entender que su rol se limitó a conducir la camioneta sin injerencia en la decisión de disparar.

La defensa pidió la absolución total y cuestionó la investigación

La defensa de ambos imputados, a cargo de Carlos Garmendia, pidió la absolución total. Argumentó que los disparos no fueron realizados por ninguno de los acusados.

Sostuvo que la secuencia de los hechos, desarrollada en un lapso aproximado de cinco minutos, no les habría permitido descender del vehículo, reducir al detenido, buscar el arma, efectuar el disparo y retirarse.

El juicio fue presidido por el juez Augusto Paz Almonacid. Tras valorar las pruebas, resolvió absolver a Juan Antonio Díaz por el beneficio de la duda y condenar a Julián Alberto Campos a dos años de prisión condicional por el delito de lesiones graves cometido en exceso de la legítima defensa.

Reacciones encontradas tras el fallo

Tras la sentencia, la querella se manifestó conforme con el fallo. Consideró que envía un mensaje institucional frente a episodios de violencia policial, subrayando que el objetivo no es perjudicar a la fuerza sino preservar su prestigio ante conductas abusivas individuales.

La defensa, en cambio, confirmó que impugnará la decisión judicial. Sostuvo que la valoración probatoria del tribunal reconoce en gran medida los planteos defensivos y que será necesario determinar qué elementos llevaron al magistrado a atribuirle a Campos la autoría.

Además, cuestionó el desempeño del Ministerio Público Fiscal. Señaló que el proceso demoró seis años en llegar a juicio, que la causa fue archivada en un momento y luego reabierta por presión de la víctima. Defendió la trayectoria del policía condenado, al que calificó como un “excelente” efectivo.