Un docente con 25 años de antigüedad cobra dos millones en actividad y al jubilarse la cifra se derrumba: el gremio Voz Docente ya tiene listo el plan para revertirlo y una fecha límite antes de diciembre.
El secretario general de Voz Docente de Formosa, Manuel Pereyra, puso sobre la mesa una batería de reclamos que atraviesan a todo el sector educativo provincial. La lista arranca por los haberes de los jubilados, sigue por la falta de actualización de la carrera docente, las condiciones laborales en el secundario y el funcionamiento de los organismos que manejan la vida de los trabajadores de la educación. Lo dijo en el programa Exprés en Radio, que conduce Omar Merlo por FM VLU 88.5.
El dirigente adelantó que el sindicato ya trabaja en una propuesta legislativa para recuperar el 82% móvil y encendió una alarma: a partir de 2027 podrían perderse horas y cargos docentes.
La brecha que golpea a los jubilados
Según contó Pereyra, el gremio empezó a recibir consultas de docentes jubilados alarmados por los ingresos que perciben frente a los de quienes siguen en actividad. El dirigente atribuyó la diferencia a la modificación del régimen previsional de 2016, instrumentada mediante la Ley 1638, que cambió las condiciones de cálculo y dejó sin efecto en la práctica el porcentaje que históricamente se reclamaba.
El número que grafica el problema: hoy el cálculo jubilatorio representa aproximadamente el 52,5% del salario, muy lejos del 82% móvil. La situación empeora, explicó, porque buena parte del sueldo de los activos se compone de conceptos no remunerativos y no bonificables que no se incorporan al haber jubilatorio.
“Lo que nosotros pedimos es que se tengan en cuenta todos los rubros que conforman el sueldo. Son cuatro los conceptos establecidos por ley: el básico, la zona, el presentismo y la antigüedad. Sin embargo, existen otros adicionales que se incorporan para alcanzar el sueldo garantizado y que no se computan para la jubilación”, manifestó.
Para dimensionar la diferencia, puso un caso concreto: un docente con 25 años de antigüedad que percibe alrededor de dos millones de pesos en actividad puede pasar a cobrar aproximadamente 900 mil pesos cuando se jubila.
“La diferencia es muy amplia. Un docente que cobra dos millones de pesos en actividad, al jubilarse termina percibiendo menos de la mitad. Queremos que se respete el 82% móvil sobre lo que realmente cobra un trabajador activo”, remarcó.
Un anteproyecto y la vía judicial
El secretario general confirmó que el gremio elabora junto a un equipo de abogados una iniciativa que se presentará a través de legisladores de la oposición antes del 10 de diciembre. La propuesta apunta a modificar el artículo 82 del Estatuto Docente, fijado por la Ley 931, para incorporar al cálculo jubilatorio los conceptos que hoy quedan afuera.
Pero esa presentación será solo el primer paso. Pereyra aclaró que la estrategia también contempla reclamos individuales ante la Justicia: los profesionales que asesoran al sindicato recomendaron iniciar acciones particulares y seleccionar un caso testigo que permita obtener un pronunciamiento judicial que sirva de antecedente para otros docentes.
“Esto es el inicio. Vamos a presentar formalmente la preocupación de miles de docentes jubilados y de quienes están próximos a jubilarse. Si no tenemos respuestas, vamos a continuar por otras vías”, sostuvo.
El secundario, en la mira
Otro de los ejes de la entrevista fue la organización de las instituciones educativas y sus posibles consecuencias laborales para los profesores del nivel medio. Pereyra cuestionó las disposiciones vinculadas con la reorganización de las plantas orgánicas funcionales y advirtió que se estaría fijando un mínimo de 20 alumnos por sección para habilitar su funcionamiento.
Esa condición, según explicó, podría provocar el cierre de divisiones y dejar a numerosos docentes sin horas frente al aula. También puso en duda las garantías de continuidad laboral anunciadas para los trabajadores interinos.
“Nosotros decimos que es una motosierra disfrazada de conciliación. Supuestamente se garantiza la continuidad laboral, pero si una sección no alcanza los 20 alumnos, no va a funcionar. ¿Qué va a pasar con esos profesores y con las horas que pierdan?”, cuestionó.
El dirigente advirtió que el problema podría profundizarse durante 2027 y pidió a los docentes mantenerse informados sobre los procedimientos de reorganización que se están desarrollando en distintas instituciones.
Concursos frenados y diálogo roto
Pereyra también apuntó contra la falta de concursos de ingreso y ascenso. Recordó que desde 2011 no se realizan nuevos ingresos a la docencia bajo los mecanismos que establece el Estatuto Docente y defendió los concursos por antecedentes y oposición como herramienta para garantizar igualdad de oportunidades y transparencia en la asignación de cargos.
“Estamos en desacuerdo con las titularizaciones masivas o por decreto. Los cargos deben cubrirse por antecedentes y concursos, como establece la Ley 931. Tiene que ganar el mejor y cada docente debe poder elegir de acuerdo con su puntaje”, expresó.
Además, sostuvo que Voz Docente no mantiene instancias de diálogo con las autoridades provinciales y reclamó la convocatoria a paritarias y el cumplimiento de la legislación vigente.
IASEP, auditoría médica y juntas intervenidas
El titular del gremio también planteó inquietudes sobre el funcionamiento del IASEP, la Auditoría Médica Laboral y las juntas de clasificación y disciplina. Sobre la obra social, cuestionó que siga intervenida y exigió transparencia sobre el destino de los aportes que se descuentan cada mes de los salarios.
“Esa plata es nuestra, sale del bolsillo de los trabajadores y tiene que ir a la obra social. No sabemos cuántos afiliados activos tenemos ni cuánto dinero ingresa. Los trabajadores necesitamos participación y control sobre los recursos que aportamos”, afirmó.
También mencionó dificultades para conseguir turnos médicos, demoras en las autorizaciones y problemas de cobertura en farmacias. Por ley, indicó, los trabajadores deberían contar con un reconocimiento del 40% en medicamentos, mientras que los convenios con farmacias privadas reconocerían un 25%.
En materia de Auditoría Médica denunció obstáculos para obtener licencias y autorizaciones, incluso cuando los docentes presentan certificados de sus médicos particulares. Y sumó otro reclamo: demoras en el pago de salarios a trabajadores que cumplen tareas durante varios meses sin percibir sus haberes en tiempo y forma.
Democracia y alternancia, el cierre político
En el tramo final, Pereyra amplió sus cuestionamientos a la situación institucional de Formosa y consideró necesario recuperar la participación de los trabajadores en los organismos públicos. Expresó su preocupación por la intervención de las juntas de clasificación y disciplina desde 2019, sin que hasta el momento se hayan convocado elecciones para normalizar su funcionamiento.
“La alternancia es saludable para la democracia. Nosotros pedimos que las instituciones vuelvan a funcionar con participación de los trabajadores y que las minorías también sean escuchadas”, manifestó.
El dirigente sostuvo que las dificultades del sector no se limitan a la cuestión salarial: involucran jubilaciones, estabilidad laboral, cobertura de salud, concursos y condiciones de enseñanza. Y ratificó que el gremio seguirá impulsando el anteproyecto previsional, los reclamos individuales y las gestiones necesarias para obtener respuestas a las demandas de los docentes formoseños.
