Un docente quiso volver a su casa en Burruyacú: lo que encontró en la ruta lo dejó sin $2.500.000

Un docente de la Escuela Normal denunció penalmente a personal de la Comisaría de El Chañar por una presunta extorsión ocurrida durante un procedimiento. Según la presentación de sus abogados, los efectivos lo habrían privado de su libertad, lo habrían amenazado con vincularlo a una causa por drogas y le habrían exigido dinero para evitar consecuencias laborales y judiciales.

La denuncia, radicada por los letrados Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, describe lo ocurrido el pasado 4 de agosto. Cerca de las 20.30, el docente E.L. había terminado su jornada en la Escuela Normal y contrató un traslado particular para volver a su domicilio en Macomitas, Burruyacú. Alrededor de las 21.15, cuando circulaba en un Chevrolet Corsa blanco, una camioneta policial interceptó el vehículo en la ruta. Del móvil descendieron dos efectivos, uno joven y otro mayor, pero ninguno se identificó, según el relato del denunciante.

El procedimiento sin acta ni protocolo

Los abogados sostuvieron que los policías nunca explicaron el motivo de la detención. En ese contexto, el efectivo más joven señaló un lugar próximo a la palanca de cambios y afirmó haber hallado unos envoltorios, "sin exhibirlos de manera fehaciente, sin practicar pesaje ni prueba de campo alguna, sin confeccionar acta de secuestro, sin dar intervención a la fuerza especializada en estupefacientes y sin activar protocolo legal específico alguno", detallaron los representantes legales. Luego trasladaron a los dos ocupantes hasta la Comisaría de El Chañar.

Ya en la dependencia, el conductor del automóvil fue apartado y los policías comenzaron a exigirle dinero a E.L. La suma inicial habría sido de $10 millones, aunque después se redujo a $8 millones. "Los efectivos advirtieron al denunciante que, de no entregar dinero, su nombre aparecería vinculado a un procedimiento por drogas en los medios de comunicación, que perdería su empleo como docente y que no volvería a conseguir trabajo en el ámbito educativo", informaron Santamarina y Ascárate. Además, le habrían dicho que conocían su domicilio y sus rutinas.

Del cajero a una transferencia por $1.500.000

Al no contar con la suma pedida, los policías tomaron el celular de la víctima, ingresaron a su aplicación del Banco Macro y, al constatar un saldo de $2.600.000, le habrían exigido $2.500.000. Bajo custodia de uno de los efectivos, E.L. fue llevado hasta un cajero automático donde extrajo $1.000.000, el límite operativo disponible, y se lo entregó en efectivo al policía. Después, según la denuncia, el mismo efectivo tomó el teléfono del docente y realizó una transferencia por $1.500.000 a una cuenta de Mercado Pago que pertenecería a un tercero.

Tras concretar el pago, los policías habrían obligado a E.L. a firmar un acta de demora. El docente denunció que no pudo leerla en su totalidad y que tampoco recibió una copia. También informó que durante el procedimiento sufrió una crisis hipertensiva, con cefalea, mareos y náuseas, sin recibir asistencia médica. Al regresar a su domicilio, habría registrado una presión arterial de 19/8, por lo que tuvo que recibir medicación de urgencia, duplicar su dosis habitual de antihipertensivos y posteriormente iniciar tratamiento psicológico por estrés postraumático.

Qué piden los abogados

Santamarina y Ascárate solicitaron que el personal policial sea investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por abuso funcional, apremios ilegales y vejaciones, extorsión y falsificación de instrumento público.

Para acreditar los hechos, pidieron que se incorporen el comprobante de la transferencia de $1.500.000 a la cuenta del tercero, las capturas de pantalla de las extracciones por $1 millón y los registros de las cámaras de seguridad de las inmediaciones de la comisaría de El Chañar. También requirieron oficios al Banco Macro para obtener registros fílmicos de los cajeros y geolocalización, y a Naranja X y Mercado Pago para reconstruir los movimientos de dinero y determinar el destino de los fondos.

Además, solicitaron que todo el personal policial que estaba de guardia en la dependencia en ese horario sea citado a una rueda de reconocimiento y le pidieron a la Policía de Tucumán la nómina de los efectivos de servicio, sus legajos y los antecedentes de denuncias similares en esa comisaría. Por último, pidieron una prohibición de acercamiento de 200 metros para el personal que pudiera estar involucrado y que el Superior Gobierno de la Provincia sea demandado en el ámbito civil por la responsabilidad que, según los denunciantes, le correspondería por el accionar de sus dependientes.