Un empresario mendocino sobreseído tras 355 acusaciones de abuso: la denuncia que destapó una trama de extorsión y una prueba clave vendida por Marketplace

Un hombre de Mendoza recuperó su libertad tras más de un año entre la cárcel y la prisión domiciliaria, luego de que la Justicia archivara una causa por 355 hechos de abuso sexual por falta de pruebas. Ahora, él denuncia a su ex pareja por falsa denuncia, extorsión y venta de una prueba crucial, mientras intenta reconstruir una vida que, asegura, quedó devastada.

D.P., un empresario mendocino cuya identidad se preserva, enfrentó una acusación descomunal: su ex pareja lo denunció por abuso sexual reiterado, detallando 355 hechos con acceso carnal supuestamente ocurridos a lo largo de 12 años. La denuncia derivó en su detención inmediata.

Pasó 18 días en una comisaría y luego más de 300 días bajo prisión domiciliaria. Un año después de iniciado el proceso, la Justicia dictó su sobreseimiento definitivo por falta de elementos probatorios suficientes para sostener la acusación.

¿Qué pasó después de la separación?

Según el relato de D.P., todo comenzó tras la ruptura de la pareja en 2021. “En el 2021 mi ex pareja decide separarse de mí y yo me voy de la casa, pero tenía pretensiones económicas exorbitantes”, sostuvo el hombre. Inicialmente, se buscó un acuerdo con la intervención de una abogada de familia.

“Pasamos un mes con cuestiones de familia, con la doctora Quiroga, que era la abogada de mi familia, para ver si se podía llegar a un acuerdo”, explicó sobre ese período. Sin embargo, la situación dio un vuelco total con la presentación de la denuncia penal.

“De repente aparece una denuncia de abuso sexual múltiple, me llevan preso 18 días, cárcel efectiva”, afirmó al describir el inicio del calvario judicial. La querella en su contra fue llevada, entre otras, por la reconocida abogada mendocina Carolina Jacky.

La acusación de extorsión y la prueba desaparecida

D.P. denunció un claro intento de extorsión mientras él estaba detenido. Según su testimonio, incorporado al expediente, su ex pareja se presentó en el estudio de su abogada de familia con una exigencia concreta.

“Mientras yo estoy en la cárcel, esta mujer va al estudio de mi abogada de familia y le dice: quiero la casa, quiero 20.000 dólares, quiero el auto, quiero todo. Si me dan todo eso, desisto de las denuncias penales”, relató. Estos planteos, asegura, luego fueron enviados por WhatsApp a sus padres. “Manda todos estos detalles por WhatsApp, los tenemos registrados, y básicamente extorsiona a mis padres”, sostuvo.

Durante la investigación, su defensa, a cargo del abogado Juan Franco Ferraris, solicitó acceder a un elemento que consideraba clave: las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vivienda donde supuestamente ocurrieron los hechos. “Según esta mujer, tantas violaciones semanales tendrían que haber quedado registradas en las cámaras de la vivienda”, argumentó D.P.

El golpe llegó cuando descubrieron que el dispositivo de grabación (DVR) no estaba. “Pedimos el recupero del DVR de la vivienda y el DVR no estaba. ¿Por qué? Porque esta señora lo vendió por Marketplace”, afirmó categóricamente.

El rastro del DVR en un lavadero de Maipú

La búsqueda del dispositivo tomó un giro casi de novela policial. D.P. explicó que, al ser un equipo profesional, enviaba una notificación a su celular cuando se conectaba a internet. “La persona que lo compra lo conecta a internet y a mí me avisa al celular, porque es un equipo profesional. Ahí damos con la ubicación y lo secuestran”, detalló.

El allanamiento llevó a un lavadero de autos en Maipú, donde se recuperó el DVR. El comprador declaró haberlo adquirido de buena fe por la plataforma Facebook Marketplace, sin conocimiento de su origen. Para D.P., esto constituyó un ocultamiento de prueba fundamental. “Ese DVR lo tiene la Justicia y nunca lo peritó en todo ese año y medio que yo estuve en este problema”, cuestionó.

Las secuelas y la contraofensiva legal

Tras el sobreseimiento, la vida de D.P. estaba en ruinas. “Perdí el trabajo de toda una vida y todos mis ahorros”, afirmó con crudeza. Además, estuvo seis meses sin poder ver a su hijo, una de las consecuencias más dolorosas que enumera.

Decidió iniciar acciones legales contra su ex pareja, denunciándola por falsa denuncia, extorsión y venta de cosa ajena (el DVR). Sin embargo, se muestra frustrado con la lentitud de esta nueva causa. “Denunciamos todo esto en 2023, le tomaron las huellas, pero ahora quieren archivar la causa”, denunció.

Explicó que el expediente pasó por varios fiscales y que inicialmente se intentó limitar la investigación a una mera declaración informativa. Tras la intervención de una jueza que declaró la nulidad de ese acto, se avanzó con una imputación, pero solo por el delito de amenazas coactivas.

“Fueron 303 o 313 días privado de la libertad, perdí el trabajo, los ahorros y no me dejaron ver a mi hijo por seis meses”, resumió el empresario, poniendo números al costo personal de una acusación que, finalmente, la Justicia consideró infundada.