Un ex penitenciario guardaba algo en las cocheras del Complejo N° 1: lo que encontraron lo llevó directo a juicio

La Justicia de San Luis condenó a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo a un exagente del Servicio Penitenciario Provincial por producir y almacenar material de abuso sexual infantil y por abusar de una niña menor de 13 años. La sentencia se dictó en un juicio abreviado después de que el acusado reconociera los hechos y aceptara la pena acordada con el Ministerio Público Fiscal.

El fallo lo firmó el juez de Garantía N° 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Marcos Flores Leyes, quien homologó el acuerdo presentado por la fiscal adjunta de Género N° 2, Mercedes García. La identidad del condenado no trascendió para resguardar a las víctimas, que son niñas de su entorno familiar directo.

El hallazgo que destapó todo

El caso arrancó el 22 de octubre de 2025, cuando el subdirector del Servicio Penitenciario Provincial avisó que habían aparecido dos dispositivos de almacenamiento digital en el sector de cocheras del Complejo Penitenciario N° 1, en la ciudad de San Luis.

En un primer momento se buscó establecer si esos aparatos tenían que ver con una posible vulneración de los sistemas informáticos de la institución. Pero las pericias que hizo el Departamento de Investigaciones de Delitos Complejos del Poder Judicial encontraron otra cosa: archivos de abuso sexual infantil.

Con ese dato, los investigadores avanzaron, identificaron al sospechoso y allanaron domicilios, donde secuestraron más elementos electrónicos. El análisis de esos dispositivos fue clave para reconstruir los hechos y ponerles nombre a las víctimas.

Más de 1.300 archivos y dos niñas identificadas

El informe pericial definitivo, presentado el 23 de junio de 2026, confirmó la existencia de 1.298 imágenes y 19 videos clasificados como material de abuso sexual infantil. Algunos registros tenían fechas de posible creación a partir de 2019.

Las diligencias de reconocimiento permitieron identificar a dos niñas del entorno familiar del acusado que aparecían en parte del material. Además, uno de los registros sirvió para acreditar un episodio de abuso sexual simple contra una de ellas, que tenía menos de 13 años cuando ocurrió.

Al expediente se incorporaron las actas de secuestro de los dispositivos, los resultados de los allanamientos, los informes periciales, entrevistas y registros audiovisuales.

Reconoció los hechos y aceptó la condena

En la audiencia de juicio abreviado, el exagente penitenciario admitió su participación y responsabilidad en los delitos investigados. La defensa, a cargo de los abogados Hugo Scarzo y Gabriel Varela, prestó conformidad con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y aseguró que el acusado entendía las consecuencias del procedimiento.

La defensora adjunta de Niñez y Adolescencia N° 3, Belén Suárez, contó que mantuvo entrevistas previas con las madres de las víctimas. Según explicó, las representantes legales recibieron información sobre los hechos investigados, la modalidad del juicio abreviado y la pena acordada. Ambas dieron su conformidad, y la Defensoría de Niñez y Adolescencia también adhirió al acuerdo.

La condena abarca los delitos de producción y tenencia de material de abuso sexual infantil, agravados por la edad de las víctimas, y abuso sexual simple contra una niña menor de 13 años, en concurso real.

El vínculo familiar y la autoridad, agravantes

Al fundamentar el pedido de pena, la fiscal Mercedes García remarcó varias circunstancias que elevaron la gravedad del caso: la convivencia con las víctimas, el vínculo intrafamiliar y la posición de autoridad que el acusado ejercía sobre las niñas. También pesó la manipulación involucrada en los delitos y los conocimientos tecnológicos del hombre, ligados a su actividad en el Servicio Penitenciario Provincial.

El juez Flores Leyes evaluó las pruebas, el reconocimiento de responsabilidad del acusado y la conformidad de las partes. Consideró que la pena acordada era legal, razonable y proporcional a los delitos acreditados, y dictó la sentencia de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo.

El fallo cierra esta instancia del proceso judicial, que empezó casi un año atrás a partir del hallazgo de los dispositivos digitales en el establecimiento penitenciario.