Un exfiscal de Estado cruzó al Ejecutivo por el pliego de Albarracín: "Es forzar el procedimiento"

Un rechazo en el recinto, un pliego que volvió al ruedo diez días después y una cita de la Corte Suprema: el exfiscal de Estado apuntó contra el Ejecutivo por "forzar el procedimiento" con la designación del juez de El Calafate.

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Un exfiscal de Estado cruzó al Ejecutivo por el pliego de Albarracín: "Es forzar el procedimiento"
Un exfiscal de Estado cruzó al Ejecutivo por el pliego de Albarracín: "Es forzar el procedimiento"

El abogado y exfiscal de Estado Fernando Tanarro salió este miércoles a cuestionar con dureza la decisión del Poder Ejecutivo Provincial de volver a insistir con el pliego del juez de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate, destinado a cubrir una vacante en la Cámara en lo Criminal con asiento en Río Gallegos.

A través de sus redes sociales, Tanarro apuntó contra el procedimiento y dejó una definición tajante: una vez que un pliego es rechazado mediante una votación, no corresponde volver a presentarlo.

"Tema Albarracín. No hay dudas que una vez producido el rechazo (la votación) el trámite termina, no queda abierto, no se puede insistir. Esto último es forzar el procedimiento", expresó el abogado en sus publicaciones.

El precedente "Uriarte" de la Corte Suprema

Para respaldar su postura, el exfiscal de Estado citó un antecedente clave de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como "Uriarte", en el que el máximo tribunal se refirió a los procedimientos constitucionales vinculados con la integración de los tribunales.

"La Corte en el precedente 'Uriarte', recordó que 'los procedimientos constitucionales que regulan la integración de los tribunales han sido inspirados en móviles superiores de elevada política institucional, con el objeto de impedir el predominio de intereses subalternos sobre el interés supremo de la justicia y de la ley'", señaló Tanarro.

Designación de magistrados y derechos de los justiciables

El exfiscal de Estado fue más allá y sostuvo que, de acuerdo con ese fallo, el procedimiento de designación de magistrados no es solamente un requisito institucional, sino que también se vincula directamente con los derechos de quienes recurren al sistema judicial.

"Más aún, sostuvo que la razón de ser de ese procedimiento no era únicamente un imperativo republicano sino un derecho de los justiciables", indicó Tanarro, quien citó el criterio de la Corte respecto de la necesidad de contar con una magistratura independiente e imparcial.

En ese sentido, remarcó la relación entre los mecanismos de designación de jueces y la garantía constitucional del juez natural, contemplada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

"En efecto, el complejo sistema de consenso y participación de los diferentes Poderes del Estado en la designación de los magistrados tiende a proteger el derecho de los justiciables a ser oídos por su juez o tribunal natural, competente, independiente e imparcial", sostuvo.

Tanarro vinculó ese principio con las garantías reconocidas tanto por la Constitución Nacional como por distintos tratados internacionales incorporados al ordenamiento jurídico argentino.

El pliego vuelve a la Legislatura

El planteo del abogado se conoció luego de que, tal como informó este martes La Opinión Austral, el pliego del juez fuera analizado en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura provincial.

El expediente ya había sido rechazado en el recinto el 10 de septiembre pasado y vuelto a ser enviado por el Ejecutivo diez días más tarde. Tras el tratamiento en comisión, obtuvo despacho favorable y, de acuerdo con los tiempos legislativos, podría ser abordado en la próxima sesión ordinaria, prevista para el 22 de octubre.

La eventual votación volverá a poner en discusión el procedimiento para la cobertura del cargo en la Cámara en lo Criminal con asiento en Río Gallegos.

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