Un exlegislador fueguino apuntó contra la Corte y la dirigencia por el puerto
Un exlegislador fueguino calificó de inconstitucional la intervención del puerto de Ushuaia y apuntó contra la Corte Suprema por su demora. Pero además lanzó una advertencia sobre el silencio de los dirigentes políticos: ¿qué riesgo ven en la provincia?
Adrián De Antueno calificó de inconstitucional la intervención del puerto de Ushuaia y reclamó una resolución urgente de la Corte Suprema. Además, cuestionó el silencio de los dirigentes políticos fueguinos.
El exlegislador territorial por el Partido Justicialista, Adrián De Antueno, sostuvo que la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por el Estado nacional es inconstitucional y reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una resolución urgente. También cuestionó el silencio de la dirigencia política de Tierra del Fuego frente al conflicto.
Desde fines de enero, la terminal portuaria está bajo control del Estado nacional. La Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la intervención por 12 meses, con el argumento de irregularidades financieras y deficiencias de infraestructura. Mientras tanto, los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos siguen desplazados y los fondos de la actividad ya no quedan en manos del gobierno fueguino.
El impacto económico de la medida
De Antueno consideró que hasta ahora el debate se concentró en las consecuencias operativas, laborales y financieras de la intervención. Sobre estas últimas, las calificó como “muy críticas para la provincia, para poder continuar gobernando”.
Entre ellas mencionó la pérdida de unos 22.000 millones de pesos, la cifra que circula como recaudación de una buena temporada de cruceros, aunque aclaró que desconoce si es exacta. “Querer aprovecharse de las debilidades que genera la falta de ingresos para gobernar la provincia no me parece ni apropiado ni bueno”, señaló.
La inconstitucionalidad como problema de fondo
Para el exlegislador, el problema central es la legalidad de la medida. “La inconstitucionalidad es clara, es manifiesta, es explícita”, afirmó. Según explicó, el inciso 31 del artículo 75 de la Constitución Nacional reserva al Congreso la facultad de intervenir una provincia, y la intervención del puerto vulnera además los artículos 1, 5, 6, 121 y 122.
Por eso, sostuvo que la medida no sería válida ni siquiera por decreto presidencial: “Ni le corresponde, ni la puede hacer el Presidente de la Nación, y mucho menos un organismo y un funcionario de cuarta”. También rechazó la figura misma, porque “no puede haber una intervención parcial”.
El silencio político y la demora judicial
De Antueno cuestionó la demora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que reclamó una resolución urgente, y la falta de reacción política: “Llama mucho la atención el silencio en que han caído todos los dirigentes políticos, los que lo son y los que lo quieran ser en el futuro, porque esto lleva a que la irracionalidad de la que hablo se naturalice”, advirtió.
También se refirió al amparo por acceso a la información pública que presentó El Diario del Fin del Mundo. El 30 de octubre, el juez federal Federico Calvete ordenó a la ANPyN y a la Administración General de Puertos (AGP) informar en diez días el uso de los fondos del puerto, pero ambos organismos apelaron y la orden quedó suspendida hasta que resuelva la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia. A su juicio, el fallo “no solo no se cumple, sino que se trata de evitar todos los pasos que jurídicamente corresponden”.
Otras pérdidas para la provincia
El caso se suma a otras pérdidas para la provincia. Recordó la denuncia que presentó hace más de diez años, con el apoyo de la Fiscalía de Estado, por la apropiación de la Isla de los Estados por parte de la Nación, y planteó que ahora se desprovincializa el puerto.
Sobre la falta de reacción de los sectores vinculados al puerto, señaló que Tierra del Fuego “históricamente está llamada e instada a la división” y que cada actor defiende lo propio. “Los que están ligados al turismo están preocupados por lo suyo, los que están ligados al comercio también por sus ventas, y lógicamente los trabajadores con sus sindicatos por su trabajo y por el ingreso para su familia”, describió.
Para el exlegislador, el problema excede a cualquier gestión: va “en contra de nuestro gobierno provincial, sea el que esté a cargo”. Al describir un cuadro de falta de trabajo, de industria y de actividad comercial, advirtió que la provincia atraviesa “una situación de declive” que hay que detener. Por eso, reclamó que lo que ocurre con el puerto “debe ser denunciado por toda la población y por toda la dirigencia política de nuestra provincia”.
