Un expolicía, suspendido por un faltante de $500.000 que no llegó al banco

El Gobierno de Mendoza suspendió por 60 días a un expolicía acusado de quedarse con $500.000 que una mujer había entregado como fianza para recuperar su libertad. La sanción administrativa, publicada este lunes en el Boletín Oficial, se conoce mientras el juicio penal contra J.F.L. sigue sin fecha.

El caso se remonta a febrero de 2024, cuando una mujer atropelló y mató a otra persona y perdió su libertad. Para salir, habría pagado una fianza de $500.000, que según la acusación fiscal quedó bajo custodia policial en la Comisaría 18ª de San Carlos.

El dinero que nunca llegó

El monto debía depositarse en una cuenta del Banco Nación destinada a fondos de secuestros judiciales. Pero el depósito no se habría realizado. Cuando le pidieron el comprobante, el entonces efectivo habría dicho que lo había perdido. Una consulta al banco confirmó que la operación nunca se hizo.

Por eso, J.F.L. fue imputado por peculado y falsedad ideológica, aunque la causa todavía no llegó a juicio oral y las acusaciones no implican una condena. Si es hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 2 y 16 años de prisión.

Un juicio que se posterga dos veces

El debate estaba previsto para febrero de este año, pero se suspendió por cuestiones personales del fiscal. La nueva fecha, fijada para el 27 de julio, tampoco se concretó: la defensa pidió la postergación porque el acusado consiguió trabajo como chofer de colectivos y estaba en período de prueba, realizando un viaje en Neuquén para una empresa turística de San Rafael. Así, el juicio deberá reprogramarse.

Qué implica la suspensión administrativa

La medida difundida por el Gobierno provincial surge de un expediente disciplinario. La Junta de Disciplina aplicó la sanción por una infracción al régimen policial y dejó a salvo la posibilidad de otras consecuencias si hay condena penal.

Es clave aclarar que esta suspensión no significa que J.F.L. haya sido condenado por el supuesto robo de la fianza. La causa penal sigue pendiente. Además, el expolicía ya no pertenece a la fuerza: la cesantía fue dispuesta en enero de 2025 y luego recurrida por el ex efectivo.

El expediente administrativo se refiere a responsabilidades funcionales que la Junta consideró acreditadas, con una actuación prima facie. Mientras tanto, la causa por el faltante de dinero deberá llegar a juicio para determinar si la acusación se prueba. Hasta entonces, J.F.L. mantiene su condición de acusado, no de condenado.