Un fallo del Tribunal de Cuentas que podría complicar a un exfuncionario de Puerto San Julián
El Tribunal de Cuentas notificó a un exfuncionario municipal por un cargo solidario millonario. ¿Qué pasó con los fondos del ejercicio 2016? Los detalles que pueden costarle caro.
El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz notificó una resolución que involucra directamente al exdirector de Administración y Contaduría General de la Municipalidad de Puerto San Julián. Se trata de un cargo solidario que podría derivar en una importante deuda para el exfuncionario.
La medida se enmarca en el juicio de cuentas correspondiente al ejercicio 2016 de esa comuna, un proceso que busca determinar responsabilidades sobre el manejo de los fondos públicos.
¿Qué dice el fallo?
Según consta en el expediente N° 817.398, el Tribunal de Cuentas provincial emitió el fallo N° 6.320 en el acuerdo ordinario N° 2.988, celebrado el 22 de octubre de 2025. En su parte dispositiva, el organismo resolvió formular cargo solidario a Jorge Enrique Basso, quien se desempeñaba como Director de Administración y Contaduría General, y a Néstor Paredes, Director de Tesorería.
La notificación se realizó en los términos de los artículos 42° y 43° de la Ley N° 1.260, reglamentada por el Decreto N° 181/79, que establecen el procedimiento para que los involucrados puedan presentar su descargo.
¿Qué significa un cargo solidario?
Un cargo solidario implica que ambos funcionarios serían responsables de manera conjunta por las supuestas irregularidades detectadas en el ejercicio 2016. Esto significa que, si se confirma la deuda, cualquiera de ellos podría ser obligado a pagar la totalidad del monto reclamado.
El caso se originó a partir de una auditoría realizada a las cuentas municipales de Puerto San Julián, que habría detectado observaciones en la gestión de los fondos durante ese período.
Hasta el momento, ni Basso ni Paredes han realizado declaraciones públicas sobre el tema. El plazo para presentar su defensa corre desde la notificación oficial.
Este tipo de fallos son habituales en los tribunales de cuentas provinciales, que tienen la misión de controlar la legalidad de los gastos públicos y hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios cuando se detectan irregularidades.