Un fallo histórico alivia a la Argentina, pero la sombra de miles de millones aún persiste en tribunales extranjeros
Tras el histórico fallo a favor en el caso YPF, ¿crees que la Argentina está a salvo de los reclamos millonarios? Te contamos los detalles de las otras batallas judiciales por más de US$10.000 millones que aún mantienen en vilo las cuentas nacionales.
La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos falló a favor de la Argentina en el caso por la expropiación de YPF, anulando una sentencia millonaria que obligaba al país a pagar US$16.000 millones más intereses. Este triunfo judicial, sin embargo, llega en medio de un escenario complejo donde el país aún enfrenta reclamos por un monto total que supera los US$10.000 millones en diversos tribunales internacionales. La batalla legal por YPF, el principal litigio con la sentencia de mayor monto, parece haber dado un giro favorable tras años de disputa.
¿Qué otros frentes legales mantiene abiertos el país?
Más allá del resonante caso YPF, la Argentina tiene pendientes una serie de conflictos que representan un pasivo contingente significativo. Estos incluyen juicios relacionados con el default de 2001 y otros derivados de la manipulación de estadísticas del INDEC durante el kirchnerismo, que continúan su curso en distintas jurisdicciones.
Uno de los casos de más larga data es el de los holdouts del default de 2001. A pesar de los tres canjes de deuda realizados en 2005, 2010 y 2016 por un total de US$9300 millones, un remanente de fondos buitre mantiene sus reclamos activos. Según cálculos del Fondo Monetario Internacional, estas demandas representan un pasivo contingente de US$2400 millones.
Entre estos fondos se encuentran Bainbridge, con una sentencia a su favor por US$95 millones más intereses, y Attestor, con una sentencia firme por US$460 millones. Attestor incluso logró embargar US$209 millones del colateral de los bonos Brady que la Argentina tenía depositados en Nueva York. La justicia estadounidense había congelado otros US$100 millones de ese colateral a la espera de un acuerdo entre los fondos sobre el reparto, acuerdo que se habría alcanzado a principios de marzo, marcando un principio de solución para este reclamo específico.
La compleja batalla por el Cupón PBI
La causa por el cupón PBI involucra cuatro procesos judiciales distintos. La base del reclamo es que el país dejó de publicar el dato del PBI del último trimestre de 2013, cambió la fórmula de cálculo y reportó un crecimiento anual del 3,2%, justo por debajo del 3,3% que activaba el pago de esos bonos.
Por la versión en euros del cupón, hay una causa que se tramitó en Londres, donde la Argentina ya tiene una condena firme que la obliga a pagar US$1450 millones más intereses. Antes de que se confirmara ese fallo, el país había depositado más de US$300 millones como garantía para apelar, dinero que ya está en manos de los beneficiarios.
Recientemente, los beneficiarios de ese fallo presentaron un nuevo reclamo en Londres para extender la sentencia al cálculo del PBI de otros años no incluidos originalmente, buscando unos 1600 millones de euros adicionales. Por las versiones en dólares, hay tres causas en Estados Unidos, donde el fondo Aurelius Capital ha presentado demandas por montos que suman miles de millones, argumentando que si no se hubiera modificado el método de cálculo, el país hubiera tenido que pagar intereses entre 2014 y 2018, y en 2021 y 2022.
Aerolíneas y los laudos del CIADI
Por la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, el país tiene desde 2019 un laudo en su contra en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ratificado por la justicia estadounidense. El monto a pagar, con intereses, asciende a unos US$390 millones. Si bien en un momento se anunció un acuerdo, finalmente la Argentina decidió continuar con la apelación del fallo.
El país tiene otros frentes abiertos en el CIADI, aunque estos laudos no son directamente ejecutables y sus beneficiarios deben acudir a la justicia ordinaria para cobrarlos. Entre ellos, se destaca una condena a pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos en la represa de Alicurá, y otros US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario-Victoria.
El FMI también ha resaltado el caso de la empresa Mobil Exploration, que obtuvo un laudo a favor en el CIADI por US$196 millones, reclamando por los perjuicios de la pesificación sobre sus negocios gasíferos a inicios del siglo. La red de litigios internacionales, por lo tanto, sigue siendo extensa y de alto valor económico, incluso después del favorable fallo en el caso YPF.
