Un fallo judicial inesperado libera a los líderes de una megaestructura de comercio ilegal
¿Cómo es posible que una investigación con allanamientos masivos y millones incautados termine con la liberación de los principales acusados? Los detalles del fallo que dejó a todos sorprendidos.
La Cámara Federal de La Plata revocó este viernes el procesamiento con prisión preventiva de los principales investigados por lavado de dinero en la megaferia de La Salada, dejando la causa en un punto muerto. Los camaristas Carlos Alberto Vallefín y Roberto Agustín Lemos Arias consideraron que la decisión del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella fue prematura.
La resolución dio marcha atrás con el procesamiento que había dictado Armella a pedido de la fiscal Cecilia Incardona. Se trata de Jorge Omar Castillo y Enrique “Quique” Antequera, dos de los líderes de la organización, así como de decenas de familiares y empleados.
Castillo era el hombre responsable de La Salada y del Paseo de Compras Urkupiña. Había sido detenido junto a los otros acusados en mayo de 2025, luego de un operativo con más de 60 allanamientos en simultáneo.
Una escena de los megaoperativos por La Salada de mayo de 2025.
¿Qué decía la causa original?
En la causa que derivó en los procesamientos, en julio de 2025, se señalaba la obtención de ganancias millonarias en dinero líquido que luego se insertaban al mercado formal. Esto se hacía a través de la compra de automóviles, casas en countries, viajes al exterior y administración de empresas.
La Salada estaba compuesta por tres ferias, con más de 4.000 puestos. El alquiler de un puesto por un solo día de trabajo oscilaba entre los 130.000 y 140.000 pesos, a lo que se sumaba un monto fijo en concepto de “llave” de entre 6.000 y 7.000 dólares cada seis meses.
¿Qué evidencias se habían encontrado?
En la investigación se registraron comunicaciones que confirmaron el ingreso constante de camionetas a domicilios particulares de Castillo, a quien se entregaba la recaudación en efectivo. De hecho, sólo durante los allanamientos de mayo de 2025, se incautaron físicamente más de 400 millones de pesos y 2 millones de dólares.
Sin embargo, los camaristas plantearon que no hay evidencia suficiente para demostrar que los bienes de los imputados fueron adquiridos con dinero ilícito. La resolución de la Cámara dejó también sin efecto los embargos millonarios que pesaban sobre los bienes y vehículos de los imputados.
