Un fallo judicial obliga al gobierno a cumplir con una ley clave para las universidades

La justicia federal confirmó una medida cautelar que ordena al Poder Ejecutivo aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Educativo Universitario y Recomposición del Salario Docente. El fallo rechazó la apelación del gobierno nacional y exige el cumplimiento de artículos específicos de la norma.

La Cámara Contencioso Administrativo Federal resolvió que la administración pública debe cumplir con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795. Estos artículos refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley, en septiembre del 2025.

También peticiona la recomposición de todos los programas de becas de los estudiantes. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán plantearon que resultan poco serios los agravios presentados por el Estado relativos a que la medida cautelar constituiría una sentencia definitiva encubierta.

¿Qué argumentó la Cámara?

Resaltaron especialmente que el impacto fiscal de la aplicación de la cautelar es bajo y no se afecta sustancialmente el interés público. Por el contrario, estaba en juego un derecho central de la Constitución como la educación superior pública.

La cautelar había sido dictada en diciembre del año pasado por el juez federal Enrique Cormick, en el marco de una acción de amparo promovida por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades del sistema universitario. La presentación contaba con el respaldo de más de 40 universidades públicas.

¿Qué dijo el juez Cormick en su momento?

El magistrado consideró que el Decreto 759/2025 -que suspendió la ejecución de la Ley 27.795 y estableció que la norma solo podrá aplicarse cuando se determinen recursos específicos para solventarla- tenía rasgos de “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Además, sostuvo que existía una “inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico” ante la demora, por su impacto en el funcionamiento universitario.

Sin embargo, Nación calificó la decisión judicial como “arbitraria” y argumentó que la ley requiere definir previamente sus fuentes de financiamiento e incorporar las partidas correspondientes en el Presupuesto. Según el Gobierno, la cuestión presupuestaria compete al Congreso de la Nación y no al Poder Judicial.

También advirtió sobre sus posibles efectos en el equilibrio fiscal, algo que fue desacreditado por la Cámara en su fallo.

Marcha antorchas por universitarios

El conflicto con las universidades

El conflicto escaló notablemente entre 2024 y 2025, cuando masivas movilizaciones estudiantiles y gremiales tomaron las principales ciudades, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires y réplicas en distintas provincias.

En una segunda Marcha Federal en octubre de 2024 y una nueva protesta el 17 de septiembre de 2025 bajo el lema “Si hay veto, hay marcha”, cientos de miles de personas salieron a las calles para rechazar la decisión del Gobierno de vetar la ley de financiamiento universitario, que ya había contado con la aprobación parlamentaria.

A mediados del año pasado, la oposición logró sancionar una ley de financiamiento en el Congreso y sortear los vetos del presidente Javier Milei. Pese a ello, el Ejecutivo dictó un decreto para evitar la ejecución de la norma.

Para encauzar la situación y evitar una profundización del conflicto tanto en el plano legal como en el judicial, la estrategia oficial apunta a elaborar una ley que no derogue el esquema financiero actual, sino que lo modifique, buscando el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior. Desde la Secretaría de Educación, se subraya el compromiso por alcanzar una solución que otorgue no solo recursos, sino también seguridad jurídica a las universidades. /Infobae