Un fallo judicial obliga al Gobierno a intervenir en la Ruta 3: 11 accidentes en 6 meses y un plazo de 120 días

La Cámara Federal de Mar del Plata acaba de dictar una medida cautelar que pone al Gobierno de Javier Milei contra las cuerdas: deberá reparar un tramo crítico de la Ruta Nacional N°3. En solo seis meses, se registraron 11 siniestros viales en ese sector, y la Justicia ya no está dispuesta a esperar.

El fallo, que responde a un reclamo del Municipio de Azul, revierte una decisión previa del Juzgado Federal N°2 de esa ciudad y ordena al Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales S.A., tomar medidas urgentes.

¿Qué pasó en la Ruta 3?

El tramo en cuestión une Azul con Cacharí, y según los informes de la Policía Federal Argentina, presenta un estado lamentable: baches, hundimientos, huellas profundas por el tránsito pesado y señalización casi inexistente.

Los jueces consideraron que esto representa un riesgo real para los conductores, y por eso decidieron intervenir antes de que ocurra una tragedia mayor. No es para menos: once accidentes en medio año es una cifra que enciende todas las alarmas.

El plan que exige la Justicia

El Gobierno nacional tiene ahora diez días hábiles para presentar un plan de trabajo detallado ante el Juzgado Federal de Azul. Ese plan debe incluir prioridades, responsables, cronograma y medidas de emergencia.

Pero no queda ahí: una vez aprobado, la ejecución no puede superar los 120 días corridos. Y para que no haya excusas, la Justicia exigirá informes mensuales de avance.

¿Qué medidas se deben implementar?

Mientras llegan las obras definitivas, la resolución ordena una serie de acciones inmediatas: señalización preventiva, carteles de advertencia, reducción de velocidad, balizamiento y mejoras en la visibilidad nocturna.

También habrá que hacer reparaciones provisorias en los puntos más peligrosos. La idea es clara: neutralizar el riesgo antes de que aparezcan nuevas víctimas, sin esperar a que se determine quién tiene la culpa.

El argumento de fondo

La Cámara se apoyó en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que quienes gestionan servicios vinculados a la seguridad de las personas deben tomar todas las medidas razonables para evitar riesgos previsibles.

En otras palabras, la protección de la vida está por encima de cualquier discusión administrativa. Y con once accidentes en el historial reciente, la urgencia está más que justificada.