Un fallo judicial pone en jaque la reforma laboral y el Gobierno prepara una jugada clave

La Casa Rosada se alista para una batalla legal de alto voltaje. Un recurso extraordinario federal será la carta del Gobierno para intentar revertir una sentencia que declaró inconstitucional un artículo clave de la reforma laboral. La estrategia busca llevar la discusión hasta la Corte Suprema y definir el destino de una de las normas más polémicas sancionadas por el Congreso a fines de febrero.

El detonante fue una resolución de la Sala 1 de la Cámara del Trabajo de Córdoba. En un proceso individual, el tribunal invalidó el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral. El juez Ricardo Gileta, actuando como tribunal unipersonal, firmó el fallo el 10 de marzo.

La decisión judicial consideró que la norma introduce un trato desigual entre los trabajadores. La diferenciación se basa en el momento en que iniciaron sus juicios laborales, lo que, según el magistrado, vulnera el principio de igualdad ante la ley.

¿Qué establece el artículo cuestionado?

El artículo 55 es técnico y crucial. Establece un mecanismo específico para actualizar los créditos laborales en los juicios que ya estaban en trámite cuando la reforma entró en vigencia.

Este esquema toma como referencia la tasa pasiva publicada por el Banco Central. Además, fija un piso equivalente al 67% del cálculo previsto por el nuevo sistema de actualización, que se basa en la inflación.

En su sentencia, el juez Gileta sostuvo que esta diferenciación crea condiciones distintas para trabajadores que reclaman créditos de naturaleza similar. Por ello, dispuso dejar sin efecto la aplicación del artículo 55 en el caso concreto que analizaba.

La orden judicial fue clara: la deuda laboral debe actualizarse según el mecanismo previsto en el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo, dejando de lado la nueva fórmula.

La estrategia de defensa del oficialismo

Frente a este revés, el Gobierno no se queda de brazos cruzados. Fuentes oficiales aseguran que la Procuración del Tesoro ya trabaja en la presentación de un recurso extraordinario federal.

Este recurso se presentará ante la misma Cámara de Córdoba que dictó la sentencia. Es el procedimiento habitual, ya que será ese tribunal el que debe decidir si concede el recurso y eleva el expediente a la Corte Suprema de Justicia.

La estrategia jurídica del Ejecutivo va más allá de este expediente puntual. En los despachos oficiales explican que los equipos técnicos están organizando una defensa coordinada de toda la reforma laboral.

El objetivo es hacer frente a las distintas presentaciones judiciales que puedan surgir en tribunales de todo el país. Anticipan una etapa de fuerte judicialización de la ley.

En Balcarce 50, la apuesta es clara: que la Corte Suprema termine fijando un criterio definitivo sobre la constitucionalidad de los artículos más cuestionados. Consideran que los litigios de alcance colectivo serán los más relevantes para la aplicación general de la norma, pero aseguran que defenderán la ley en todos los frentes judiciales.

La pulseada por la reforma laboral, una de las banderas del Gobierno, acaba de escalar a un nuevo y decisivo nivel en los tribunales.