Un fallo judicial sacude al Gobierno: ordenan arreglar urgente tres rutas clave en el sur de Santa Fe

La Justicia federal le puso un freno al Gobierno nacional y le ordenó la reparación inmediata de las rutas 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe. El deterioro de las calzadas se volvió insostenible y ahora un juez de Venado Tuerto tomó cartas en el asunto.

El juez federal Aurelio Antonio Cuello Murúa hizo lugar a una acción de amparo presentada por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad. En su resolución, ordenó la "inmediata y urgente reparación integral" de los tres corredores para garantizar su "transitabilidad plena" y proteger a los conductores.

¿Qué encontró el juez en la ruta 33?

Uno de los puntos más críticos del fallo es la ruta Nacional 33. El magistrado describió la existencia de "importantes grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos", una situación que representa "un gran riesgo para la seguridad e integridad de los usuarios".

Pero eso no es todo: el propio organismo nacional reconoció el problema. En el expediente consta que autoridades del Distrito Santa Fe de Vialidad habían advertido que "el estado de la ruta necesita de manera urgente intervención". Incluso se adjudicó una licitación para las reparaciones, pero las obras quedaron paralizadas por falta de autorización de las partidas presupuestarias.

¿Qué pasa con las rutas 7 y 8?

El fallo no se queda solo en la 33. Para la ruta 7, el juez consideró que los bacheos realizados fueron insuficientes y que no se acreditó un mantenimiento sostenido en todo el tramo. En cuanto a la ruta 8, señaló que la propia Dirección Nacional de Vialidad había labrado 55 actas por incumplimientos contractuales de la concesionaria Corredores Viales S.A., sin que las deficiencias se corrigieran de manera integral.

La empresa había argumentado que sus obligaciones no incluían la repavimentación, pero el juez rechazó esa postura y sostuvo que sí le correspondían tareas de mejora, reparación y mantenimiento.

¿Quién es el responsable final?

Un punto destacado de la sentencia es que responsabiliza al Estado nacional por encima de los cambios en el sistema de concesiones viales. El magistrado afirmó que la distribución interna de competencias no puede convertirse en un obstáculo para garantizar la seguridad de los usuarios y que la eventual participación de concesionarias no exime al Estado de cumplir la orden judicial.

En los fundamentos, Cuello Murúa consideró que el deterioro de las rutas afecta derechos fundamentales como la vida, la salud, la seguridad vial y la libre circulación. Además, sostuvo que el mal estado de las calzadas es un hecho "público y notorio" para quienes transitan habitualmente por esa región del sur santafesino.

Por eso, ordenó que las obras sean ejecutadas por el Estado nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, del organismo que eventualmente la reemplace o de las empresas concesionarias correspondientes. Pero dejó en claro que la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la sentencia sigue siendo del Gobierno nacional.