Un fallo le devolvió el rol al Congreso y ordenó cumplir la ley universitaria: qué dijo el rector de la UNLPam

El rector de la Universidad Nacional de La Pampa, Francisco Marull, celebró la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.° 11 que declaró inconstitucional la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional aplicarla de inmediato.

La resolución la firmó el juez federal Martín Cormick, titular de ese juzgado, este martes 6 de octubre. El magistrado declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 en el punto que condicionaba la ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (N.° 27.795) a que primero se definieran sus fuentes de financiamiento. Como consecuencia, le ordenó al Gobierno nacional el "cumplimiento inmediato" de la norma y el dictado de las reglamentaciones necesarias.

La palabra del rector

"La Justicia confirmó lo que venimos sosteniendo: la ley está vigente y hay que cumplirla. Es una decisión judicial que pone las cosas en su lugar, que le devuelve su rol al Congreso y a la Universidad Pública", declaró Marull apenas se conoció el fallo.

El rector amplió después: "Esta sentencia fortalece la democracia, porque muestra que el sistema de frenos y contrapesos funciona. Ya no hay argumentos para seguir demorando el financiamiento universitario".

Alcance de la medida

El fallo hace lugar a una acción de amparo colectiva que impulsaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades nacionales y docentes, y también a la causa acumulada que había iniciado la Universidad de Buenos Aires. Por tratarse de un proceso colectivo, la decisión alcanza al personal docente y nodocente, a investigadoras e investigadores y al estudiantado de todas las universidades públicas nacionales, entre ellas la UNLPam.

Los argumentos del juez

En sus fundamentos, Cormick sostuvo que el decreto operó como "un mecanismo extraconstitucional", una suerte de veto no previsto en la Constitución Nacional. Recordó que el artículo 83 obliga al Ejecutivo a promulgar —y no a suspender— una ley que el Congreso insistió con dos tercios de ambas cámaras. También señaló que el artículo 75, inciso 8, le asigna al Congreso, y no al Presidente, la definición del gasto público.

El magistrado agregó que la propia ley establece en su artículo 9 las pautas para su financiamiento y mencionó que la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó su costo para 2025 en un 0,23 % del PBI. Su conclusión fue que el decreto "no supera un test mínimo de razonabilidad".

El recorrido de la ley

La norma había sido aprobada por el Congreso en agosto de 2025, vetada por el Ejecutivo e insistida por ambas cámaras el 2 de octubre de ese año. El 20 de octubre fue promulgada con la cláusula "sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629", que en los hechos dejó suspendida su aplicación.

En diciembre de 2025 el mismo juzgado dictó una medida cautelar, que la Cámara confirmó en marzo de 2026 y quedó firme en junio, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario del Gobierno. La sentencia ahora conocida impone además las costas al Estado Nacional.

Marcha y reclamo

Marull recordó que el jueves 15 de octubre la comunidad de la UNLPam se movilizará en Santa Rosa y General Pico en una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria. La convocatoria apunta a exigir la aplicación de la ley y a defender la universidad pública, gratuita y de calidad.