Un fallo porteño aplicó la reforma laboral de Milei y cambió el cálculo de un juicio clave
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Un fallo porteño aplicó la reforma laboral de Milei y cambió el cálculo de un juicio clave

El máximo tribunal porteño respaldó la aplicación del artículo 55 de la reforma laboral en un juicio que ya estaba en curso. La decisión sienta jurisprudencia sobre cómo se actualizan las indemnizaciones y recorta los intereses. ¿Qué implica para los trabajadores con causas abiertas?

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño avaló este jueves la aplicación del artículo 55 de la reforma laboral de Javier Milei, que establece un régimen especial para actualizar indemnizaciones en juicios que ya estaban en trámite cuando la ley entró en vigencia. La decisión, que sienta jurisprudencia, implica aceptar un recorte en los intereses que se pagan en estos litigios.

El caso que llegó al máximo tribunal porteño involucra a una exempleada del Banco Hipotecario, María Laura Souto, quien denunció que su vínculo con la entidad había comenzado el 28 de marzo de 2005, cuando ingresó a través de una empresa contratista. Sin embargo, la relación fue formalizada recién cerca de un año y medio después, el 20 de noviembre de 2006.

Tras reclamar durante años el reconocimiento de su antigüedad, en marzo de 2017 se dio por despedida. La Justicia laboral determinó que el Banco Hipotecario debía abonarle la indemnización correspondiente y los distintos conceptos salariales reclamados. Desde entonces, el litigio se centró en el mecanismo para actualizar ese crédito.

Qué establece la reforma laboral

Mientras el expediente continuaba, comenzó a regir la Ley de Modernización Laboral, que en su artículo 55 incorporó un esquema transitorio para la actualización de créditos en juicios en trámite. El mecanismo prevé la utilización de tasas pasivas, sujetas a topes máximos y mínimos.

Según la norma, los créditos laborales se actualizan según la tasa pasiva fijada por el Banco Central, pero con límites: el monto no podrá exceder el resultado de actualizar el capital histórico por IPC más un 3% anual, y el piso se establece en el 67% de ese mismo cálculo.

Al llegar el caso al TSJ, la mayoría de los jueces respaldó la vigencia de la norma. Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg avalaron la aplicación, mientras que Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz votaron en disidencia y consideraron que correspondía declarar inconstitucional ese artículo.

El fallo establece un precedente para los juicios laborales que aún se encontraban pendientes de sentencia definitiva cuando entró en vigencia la reforma.

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