Un falso abogado estafó a una compañera de trabajo: la justicia tucumana dictó una sentencia con una condición inesperada

Un hombre que simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por 17 millones de pesos logró evitar el juicio, pero deberá cumplir con una serie de estrictas y peculiares condiciones impuestas por la justicia tucumana. El Centro Judicial Capital fue escenario de una resolución que priorizó la reparación del daño económico y social sobre la pena de prisión inmediata.

El juez Bernardo L’Erario Babot otorgó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba a Rubén Osvaldo Díaz, de 41 años. La decisión judicial obliga al imputado a devolver el dinero, realizar tareas comunitarias y donar fondos con fines benéficos, bajo la amenaza de que el proceso penal avance si no cumple.

¿Cómo se desarrolló la estafa?

La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego López Ávila, investigó una maniobra engañosa que se extendió durante varios meses del año pasado. La investigación determinó que, entre junio y octubre de 2025, Díaz se contactó con una ex compañera de trabajo un mes después de que ella fuera despedida.

Aprovechando la confianza y la situación de vulnerabilidad de la mujer, el acusado se hizo pasar por abogado. Le ofreció asesoramiento jurídico falso para iniciar un supuesto juicio por despido laboral. Además, le propuso gestionar trámites vinculados a una certificación de discapacidad y una pensión.

La víctima, creyendo en su falsa representación profesional, realizó 16 operaciones bancarias que sumaron la abultada cifra de 17 millones de pesos, dinero que fue a parar a manos del estafador.

Las condiciones para evitar la cárcel

Para acceder a la suspensión del juicio, Díaz se comprometió a pagar 15 millones de pesos a la víctima. El cronograma establece un pago inicial de 5 millones durante marzo, seguido de cinco cuotas de 2 millones cada una entre abril y agosto de este año.

El fallo es claro: si la damnificada decide no aceptar este dinero, el monto será destinado a una entidad de bien público. En ese caso, la mujer conserva el derecho de reclamar el saldo total de la estafa a través de la vía civil.

El juez L’Erario Babot dispuso la suspensión del juicio a prueba por un año. Además, impuso al imputado un estricto régimen de conducta por dos años, que incluye fijar domicilio, abstenerse de portar armas, de usar estupefacientes y de abusar del alcohol.

Reparación social y medidas de protección

Como parte de la reparación del daño social, Díaz deberá realizar tareas comunitarias en la Fundación Manos de Amor y Solidaridad, en El Manantial. El compromiso es de dos horas semanales durante seis meses.

Adicionalmente, se le ordenó efectuar una donación de 100.000 pesos a la Escuela de Ajedrez Peón Rey de Tafí Viejo. La resolución también establece una medida de protección crucial para la víctima.

Queda terminantemente prohibido que el imputado se acerque a la víctima y su grupo familiar en un radio menor a 200 metros. Tampoco podrá hostigarla o intimidarla por correo electrónico, Facebook, WhatsApp o cualquier otro medio de comunicación.

El abogado defensor de Díaz es José Sánchez Martínez. El seguimiento del cumplimiento de todas estas obligaciones quedará a cargo de la Oficina de Control de Acuerdos y Reglas de Conducta del Poder Judicial.

La auxiliar de fiscal Emely Rafael, quien participó en la investigación, había solicitado originalmente medidas de coerción. El caso culminó con este acuerdo que, al quedar firme de inmediato por renuncia de las partes a impugnar, cierra la instancia penal priorizando la reparación.