Un fiscal tucumano denunció que lo extorsionaron con un celular corporativo para que frene causas

El fiscal Enrique Rojas rompió el silencio y rechazó de plano las acusaciones de cohecho que circularon en las últimas semanas, en el marco de un conflicto que sacude a la familia del exlegislador Luis Brodersen. El funcionario, reasignado de manera preventiva por el ministro fiscal Edmundo Jiménez desde la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFEDT) de Concepción hacia la Fiscalía Conclusional N° 3 de la Capital, aseguró que las capturas de transferencias que se viralizaron son falsificaciones y reveló que fue coaccionado a través de su teléfono institucional.

“Esto es una canallada. En mi dependencia siempre se ha llevado un nivel de excelencia en el trabajo y esto es una bajeza total”, disparó Rojas, visiblemente molesto. Y agregó: “Si fuera alguien corrupto, sería el más estúpido de todos si hago que me manden una transferencia bancaria. Las supuestas transferencias son falsificaciones; nunca recibí esa cantidad de plata ni transferencias por 15 o 20 millones de pesos”.

El origen del conflicto

El trasfondo del escándalo es una pelea intrafamiliar que estalló en el seno de los Brodersen. Según trascendió, el exlegislador mantiene un enfrentamiento con su hijo Leonel y su nuera, Victoria Paradi. La mujer había presentado en junio una denuncia por presunta violencia de género; a comienzos de septiembre, el exparlamentario denunció penalmente a la pareja por supuestas amenazas y extorsiones vinculadas a la titularidad de un inmueble en Concepción.

En ese contexto, Paradi viralizó capturas de transferencias bancarias que, según ella, probarían pagos ilícitos de Brodersen a Rojas para direccionar expedientes. En la maniobra también quedó involucrada la abogada Paula Cortez.

La coacción en el celular corporativo

Rojas contó que recibió mensajes intimidatorios en la línea telefónica que le provee el Ministerio Público Fiscal (MPF). “Recibí un mensaje de esta mujer coaccionándome para que paren las causas o los allanamientos que se habían ordenado en su contra. Yo no era el fiscal del caso y tampoco puedo hacer eso, es absolutamente ilegal”, relató.

Según su versión, al no acceder a ese pedido, la mujer pasó a las amenazas de escrache y creó grupos donde difundía información falsa, aparentemente obtenida de comunicaciones privadas secuestradas a Brodersen. “Puse mi celular a disposición y pedí que se abra mi home banking para que se acredite formalmente que esas transferencias jamás existieron”, sostuvo.

Lejos de resistir las medidas disciplinarias, el fiscal aseguró que fue el primero en pedir que lo investiguen. “Apenas recibí los mensajes me reuní con el fiscal regional, Fernando Blanno, le puse en conocimiento de esto y le pedí que se abra una investigación de inmediato. Me autodenuncié, por decirlo de alguna manera, para que me investiguen. Me pareció muy acertado que el ministro disponga el traslado para que todo se desarrolle con la mayor transparencia posible”.

El préstamo que encendió las sospechas

Consultado sobre si existió algún flujo financiero previo con el exlegislador, Rojas admitió una operación crediticia privada. “Yo solicité un crédito personal. Él tiene una empresa financiera y una tarjeta de crédito, se dedica a eso. Me convenía la tasa que me ofrecía respecto a la de los bancos en ese momento. Pedí un préstamo para pagar una tarjeta y pedí que me lo transfieran a mi cuenta, pero fue una operación comercial crediticia que se hizo en junio. La denuncia de Brodersen contra sus familiares ingresó tiempo después, recién a fines de agosto o principios de septiembre. ¿Qué relación puede tener una cosa con la otra? ¿Habría pagado una coima anticipada? Es totalmente descabellado”, argumentó.

El propio Brodersen ratificó públicamente esa misma versión y calificó la operación como un intercambio comercial legal. Rojas, además, apuntó contra las inconsistencias técnicas de los comprobantes que circularon en redes: “Ni siquiera saben leer las capturas que publicaron. Ponen cuatro transferencias supuestamente distintas de dos millones de pesos, pero si te fijás en el código identificador de la transacción, es exactamente la misma repetida. Aquí hay una evidente real malicia que daña a mi familia, a mis hijos y a un equipo de trabajo intachable”.

“No existe manera de beneficiar a nadie arbitrariamente”

Respecto a las sospechas sobre un presunto direccionamiento de causas en el Centro Judicial de Concepción, Rojas aclaró que la UFEDT no tiene margen para archivar investigaciones complejas de manera unilateral. “En esa unidad no investigamos, recibimos las denuncias, identificamos el conflicto y vemos si corresponde archivar, derivar o aplicar soluciones alternativas según las guías objetivas del Ministerio Público. Cada criterio está pautado de antemano con la intervención de secretarios y fiscales auxiliares; la discrecionalidad del fiscal titular es mínima. No existe manera de beneficiar a nadie arbitrariamente”, explicó.

En ese sentido, precisó que la denuncia penal de Brodersen fue derivada de inmediato al área competente. “En el caso de la denuncia familiar de Brodersen se evidenciaba la posible comisión de un delito, por lo que se lo derivó de inmediato al doctor Gerardo Salas, que es el fiscal de la unidad especializada y quien luego solicitó los allanamientos. Si hay alguna disconformidad con un criterio, el Código Procesal prevé la revisión ante el fiscal regional o ante un juez de garantías. Inventar sospechas de cohecho a partir de una causa privada es un despropósito que quedará desvirtuado en la investigación penal”, concluyó.

Y cerró con una frase que resume su defensa: “Yo soy un investigador. Mirá si voy a cobrar coimas y me las voy a hacer transferir a mis cuentas para dejar todo probado. Es una locura”.