Un fiscal tucumano rompió el silencio y apuntó contra quienes lo acusan: "Esto es una canallada"

El fiscal Enrique Rojas, desplazado días atrás de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana (UFEDT) de Concepción, salió a responder las acusaciones que lo involucran en una presunta trama de sobornos y no midió palabras: "Esto es una canallada", disparó.

Rojas rechazó de plano haber recibido retribuciones indebidas y aseguró que las supuestas transferencias bancarias que circularon son falsificaciones. "Dicen que habría manejos dentro de la fiscalía; es absurdo. Si fuera alguien corrupto, sería el más estúpido de todos si hago que me manden una transferencia bancaria", sostuvo. Y agregó: "Nunca recibí esa cantidad de plata ni transferencias por 15 o 20 millones de pesos".

El traslado del fiscal desde Concepción a los tribunales de la Capital fue dispuesto por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, en el marco de una investigación administrativa y penal por presuntas transferencias de dinero y supuestas maniobras para incidir en causas judiciales. Rojas quedó reasignado de forma preventiva como fiscal de Cámara de la Fiscalía Conclusional N° 3 de la Capital.

El origen del conflicto

La disputa se remonta a un enfrentamiento intrafamiliar que involucra al ex legislador provincial Luis Brodersen, a su hijo Leonel y a su nuera Victoria Paradi. En junio, Paradi había denunciado a su pareja por presunta violencia de género. A comienzos de septiembre, el ex parlamentario denunció a su hijo y a su nuera por supuestas amenazas y extorsión para obtener un inmueble en Concepción.

En ese contexto, Paradi difundió capturas de pantalla de transacciones que le atribuían a Brodersen giros millonarios hacia Rojas para manipular causas. También involucró a la abogada y asesora de un legislador en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), Paula Cortez, en presuntas gestiones irregulares de salidas alternativas.

Según el fiscal, la difusión de esos comprobantes responde a una represalia por haberse negado a frenar medidas procesales en una causa por amenazas y extorsión. "Recibí un mensaje de esta mujer coaccionándome para que paren las causas o los allanamientos que se habían ordenado en su contra. Yo no era el fiscal del caso y tampoco puedo hacer eso, es absolutamente ilegal. Como no accedí, me hizo amenazas de escraches", relató.

Rojas aseguró que fue él mismo quien promovió la investigación. "Apenas recibí los mensajes me reuní con el fiscal regional (Fernando Blanno), le puse en conocimiento de esto y le pedí que se abra una investigación de inmediato. Me autodenuncié, por decirlo de alguna manera, para que me investiguen", explicó. Y consideró "acertado" el traslado dispuesto por Jiménez para que todo se desarrolle "con la mayor transparencia posible".

El crédito que despertó las sospechas

Consultado sobre si existió algún movimiento económico previo con el ex legislador, el fiscal admitió una operación mercantil ajena a su función pública. "Yo solicité un crédito personal. Él tiene una empresa financiera y una tarjeta de crédito, se dedica a eso. Me convenía la tasa que me ofrecía respecto a la de los bancos en ese momento", detalló. Según dijo, pidió un préstamo para pagar una tarjeta y solicitó que se lo transfirieran a su cuenta, pero aclaró que fue "una operación comercial crediticia que se hizo en junio", mientras que la denuncia de Brodersen contra sus familiares ingresó "recién a fines de agosto o principios de septiembre".

"¿Qué relación puede tener una cosa con la otra? ¿Habría pagado una coima anticipada? Es totalmente descabellado", se defendió. En tanto, el ex legislador Brodersen también sostuvo que el intercambio comercial entre ambos fue absolutamente legal.

Rojas apuntó además contra la falta de corroboración técnica de los comprobantes difundidos. "Ni siquiera saben leer las capturas que publicaron. Ponen cuatro transferencias supuestamente distintas de dos millones de pesos, pero si te fijás en el código identificador de la transacción, es exactamente la misma repetida", afirmó, y habló de una "evidente real malicia" que daña a su familia y a su equipo de trabajo.

Sobre la sospecha de un direccionamiento arbitrario de causas en Concepción, remarcó que en la UFEDT no se investiga, sino que se reciben denuncias y se define si corresponde archivar, derivar o aplicar soluciones alternativas según guías objetivas del Ministerio Público. "La discrecionalidad del fiscal titular es mínima. No existe manera de beneficiar a nadie arbitrariamente", dijo.

Por último, recordó que el trámite penal que desató el conflicto no estuvo bajo su órbita: "Se lo derivó de inmediato al doctor Gerardo Salas, que es el fiscal de la unidad especializada y quien luego solicitó los allanamientos". Y cerró: "Yo soy un investigador. Mirá si voy a cobrar coimas y me las voy a hacer transferir a mis cuentas para dejar todo probado. Es una locura".