Un fotógrafo captó el balazo que le pegaron al lado del Congreso: lo que pasó ese mismo día en Comodoro Py

El fotoperiodista Guido Piotrkowski registró con su cámara el disparo que le impactó en el pecho mientras cubría una protesta frente al Congreso. La imagen muestra a un policía federal apuntándole a la cabeza, fuera de reglamento. Las balas pasaron a centímetros de su rostro, protegido por máscara antigás y antiparras.

La escena ocurrió en la vereda del Congreso, en una manifestación que el gobierno de Javier Milei no quiere que exista ni que se registre. Piotrkowski sobrevivió sin las secuelas que padece Pablo Grillo, el fotógrafo que recibió el impacto de una granada de gas lacrimógeno en la cabeza el 12 de marzo de 2025.

El caso de Grillo también involucró un disparo antireglamentario, ejecutado por el cabo Héctor Guerrero. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró que Grillo era "un militante kirchnerista y está preso" mientras el fotógrafo agonizaba en el hospital Ramos Mejía. La última imagen que tomó antes del impacto muestra una pequeña barricada en llamas, un ejército de policías disparando y el Congreso de fondo entre la neblina del gas lacrimógeno.

El costo de la represión

Las granadas de hostigamiento CS Candela que utilizan las fuerzas de seguridad tienen un precio de 197 dólares cada una. Al tipo de cambio actual, eso equivale a más de 300.000 pesos, es decir, el 70% de una jubilación mínima. Sin embargo, para estos insumos sí hay presupuesto.

Camarógrafos y fotógrafos con años de experiencia cubriendo manifestaciones coinciden en que los gases que emplea este gobierno nunca los habían sentido antes. Técnicamente se denominan "disuasivos químicos" y, según la especificación de la compra, contienen Ortoclorobenzalmalonitrilo y Cloroacetofenona.

El anexo de las compras detalla que se trata de sustancias Clase 6.1 según Naciones Unidas, una categoría que agrupa a tóxicos capaces de causar daños a la salud humana o la muerte por inhalación, absorción o ingestión en cantidades relativamente pequeñas. Muchos de los cartuchos son de fabricación estadounidense. En julio pasado, la ministra Alejandra Monteoliva destinó 1.289.375 dólares a la compra de estos pertrechos represivos.

Las cifras de la represión

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que "entre diciembre de 2023 y octubre 2026 se registraron al menos 133 protestas reprimidas en todo el país, con un total de 584 detenciones arbitrarias y al menos 3411 personas con heridas de distinta gravedad por balas de goma, gas pimienta, gas lacrimógeno y carros hidrantes. Entre ellos, se encuentran al menos 296 trabajadores/as de prensa con heridas en manifestaciones".

Por su parte, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) destacó en su informe de 2025 que el gobierno de Milei es "el más represor de la democracia".

Un modelo que necesita la violencia

Milei era consciente de que su modelo económico solo funciona con represión. En una de las conversaciones amistosas en La Casa Stream, cuando relataba cómo sumó a Bullrich al ministerio de Seguridad, dijo: "Yo sabía que la apuesta que yo iba a hacer macroeconómicamente podía tener riesgos grandes en materia de seguridad". El presidente habla y tuitea tanto que a veces lo importante queda traspapelado.

Ese modelo económico que requiere de violencia solo cierra con deuda. Mientras Milei reprimía en el Congreso, en Comodoro Py se cerraba definitivamente la causa judicial más importante del país: la que investigaba el endeudamiento ilegal con el FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, ejecutado por Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Santiago Bausili, Nicolás Dujovne y otros funcionarios menores.

El cierre de la causa FMI

El caso lo tuvo la jueza María Eugenia Capuchetti, que no tomó en cuenta ninguna de las pruebas que revelan esta estafa. Desde la más sencilla, que el expediente para tomar la deuda se inició al día siguiente de tomarla, hasta las más complejas, que todo el dinero se fugó. Estaba todo, eligió deliberadamente ignorarlas.

Esto lo detectó el fiscal Franco Picardi, que apeló el cierre del caso. Los camaristas Mariano Llorens (que visitó a Macri en Olivos) y Pablo Bertuzzi (designado a dedo por Macri y confirmado por Milei) también cerraron el expediente. El fiscal José Agüero Iturbe apoyó el planteo de su colega Picardi y apeló. Era el único impulso que quedaba, ya que Milei apartó a los abogados del Estado de este caso, el más relevante para las arcas públicas.

El expediente llegó entonces a la Cámara de Casación sólo con impulso de la fiscalía. Y ahí el fiscal Raúl Pleé le puso el cierre definitivo: no siguió el principio de unidad del Ministerio Público Fiscal y se terminó.

¿Quién es Raúl Pleé?

Su cargo formal es fiscal ante la Cámara de Casación Penal, pero su influencia se extiende por los demás pisos de Comodoro Py e incluso más allá. Fue acusado por el CELS y Memora Activa por demorar la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, tiene relación con Macri desde su paso por la Comisión de Seguridad de Boca, fue denunciado también por "pisar" las causas de lesa humanidad, desalentó la investigación sobre los fusilamientos y torturas de La Tablada, fue fiscal antilavado pero —curiosamente— no encontró lavado de dinero en Argentina, colocó a su hija Celeste justamente como funcionaria antilavado en el gobierno de Macri y fue uno de los arietes de la operación Nisman. Todo un prontuario.

Hay más de Pleé que conecta con la maniobra de esta semana. El Destape reveló que Pleé también visitó a Macri en la quinta de Olivos. Y no estuvieron a solas: la reunión la compartieron con Gustavo Arribas, el amigo que Macri puso al frente de la SIDE porque lo consideraba "el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a toda esta cosa de las trampas". Pleé le puso el moño final a la maniobra iniciada por la jueza Capuchetti, que no llegó a Comodoro Py por sus virtudes jurídicas sino luego de visitar 6 veces la SIDE, la última directamente al despacho de Arribas. Todos en el mismo lodo.

En el Congreso un fotógrafo captaba su propio balazo; en Comodoro Py firmaban la impunidad.