Un furgón con 13 personas fue rechazado en la frontera y lo que confesaron desató una investigación
Un furgón con 13 personas fue interceptado en la frontera. Lo que revelaron los ocupantes tras ser interrogados llevó a la detención de dos individuos y una investigación por un delito grave. ¿Qué prometían a cambio de miles de pesos?
Un intento de traslado irregular de personas desde Bolivia fue descubierto en el Paso Internacional Cristo Redentor cuando autoridades argentinas detectaron inconsistencias en la documentación de un vehículo que transportaba a 13 ciudadanos bolivianos.
El procedimiento se inició cuando personal migratorio argentino en Horcones impidió el ingreso del furgón y obligó a sus ocupantes a regresar a Chile debido a irregularidades en la documentación del rodado. Esta acción permitió descubrir la maniobra que se estaba realizando.
¿Cómo operaba la red?
Según la investigación, dos ciudadanos bolivianos radicados en la ciudad chilena de San Felipe habían captado a sus compatriotas -que se encontraban en situación irregular en Chile- con la promesa de facilitarles un ingreso formal para luego tramitar permisos laborales. Para realizar esta tarea, les cobraban hasta 70 mil pesos por persona.
El traslado se realizaba en un furgón particular que cruzaba hacia Argentina a través del sistema integrado Cristo Redentor, con el objetivo de simular una salida legal del país y concretar luego el reingreso a Chile.
¿Qué sucedió al regresar a Chile?
Tras el rechazo en territorio argentino, al regresar al país trasandino los pasajeros fueron entrevistados por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes detectaron que no contaban con registros de ingreso regular. En ese contexto, los propios migrantes admitieron haber pagado por el traslado.
A partir de estos testimonios, los dos responsables fueron detenidos por detectives de la Unidad de Migraciones y Extranjería de la PDI de Los Andes y puestos a disposición de la Justicia chilena.
¿Qué cargos enfrentan?
El Ministerio Público los imputó por el delito de trata de personas, mientras que el Juzgado de Garantía de Los Andes dispuso como medidas cautelares el arraigo nacional y la obligación de firma mensual durante los seis meses que se extenderá la investigación.
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