Un giro en el caso Érika Álvarez: la Justicia agravó las acusaciones contra los dos imputados

La investigación por el femicidio de Érika Álvarez, la joven hallada en un basural de Manantial Sur, dio un vuelco significativo. El fiscal Pedro Gallo logró que la Justicia recategorice los delitos imputados a Felipe “El Militar” Sosa y a Justina Gordillo, tras una audiencia clave este lunes donde se presentaron nuevas evidencias sobre la relación de la víctima con el principal acusado.

La jueza Isolina Apaz Pérez de Nucci hizo lugar al pedido de la fiscalía. Felipe Sosa, quien estaba imputado inicialmente por homicidio simple, ahora enfrenta una acusación por el delito de femicidio. La decisión se basó en pruebas que demostrarían el ejercicio de violencia de género por parte de Sosa sobre Érika Álvarez.

Según lo expuesto por el fiscal Gallo, la víctima y el acusado mantenían una relación desde hacía cuatro años. La investigación también reveló que Álvarez atravesaba problemas de adicciones, un contexto en el que, según la acusación, se ejercía dicho control violento.

¿Qué pasó con la otra imputada?

En la misma audiencia, la situación legal de Justina Gordillo, ex pareja de Sosa, también se complicó. Su imputación fue agravada a encubrimiento agravado por lucro. La fiscalía sostiene que Gordillo habría obtenido un beneficio económico a partir del crimen.

Para fundamentar esta agravante, el fiscal Gallo detalló que la moto de alta genda que Sosa utilizó para huir a la provincia de Buenos Aires estaba registrada a nombre de Gordillo. Además, indicó que esta firmó poderes en una escribanía para administrar las finanzas y movimientos de las tres empresas que pertenecían a Sosa.

La resolución de la jueza no fue impugnada por las defensas de los acusados, por lo que las nuevas calificaciones quedaron firmes.

Las pruebas que inclinaron la balanza

Para solicitar el cambio de imputaciones, el fiscal se apoyó en diversos elementos de la causa. Uno de los testimonios clave fue el de Nicolás Navarro Flores, quien describió ante los investigadores el poder que Felipe Sosa ejercía sobre otras personas.

En su declaración, Navarro Flores puso especial énfasis en la relación conflictiva y violenta que Sosa mantenía con Érika Álvarez. Estos elementos fueron cruciales para que la fiscalía construyera la figura del femicidio.

Hasta el momento, la Justicia ordinaria no ha iniciado una línea formal de investigación sobre los posibles vínculos de Sosa con el narcotráfico. No obstante, este panorama podría cambiar pronto.

El abogado querellante Carlos Garmendia adelantó que en las próximas horas enviará una copia completa del expediente a la Justicia Federal. El objetivo es que ese ámbito analice ese aspecto específico, que potencialmente quedaría a cargo del fiscal federal Agustín Chit.

El crimen que conmocionó a un barrio

Érika Álvarez tenía 25 años y vivía con su familia en una vivienda de la calle Eudoro Aráoz al 2.400, aunque meses antes del hecho se había mudado a una casa cercana. Su madre, Claudia, relató que la última vez que la vio con vida fue el sábado 3 de enero, cuando compartieron un asado familiar.

La angustiosa búsqueda familiar terminó días después, cuando se enteraron a través de un grupo de Facebook que vecinos de Manantial Sur habían encontrado un cadáver en un basural. “Algo dentro mío me decía que se trataba de ella”, contó la mujer en su momento.

Las primeras pesquisas policiales rápidamente identificaron a Felipe “El Militar” Sosa, de 50 años, como el principal sospechoso. Su captura se concretó diez días después del hallazgo del cuerpo, cuando fue detenido en la provincia de Buenos Aires, adonde había escapado utilizando la moto de alta cilindrada.