Un hospital de Corrientes, en la mira de la Justicia: qué encontraron en el área de Salud Mental
Un área del Servicio Penitenciario dentro del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís quedó bajo la lupa de la Justicia. La resolución firmada por el juez Llorente detalla seis puntos urgentes, pero el origen de la causa y lo que encontraron los organismos de DD.HH. recién se conoce al entrar.
El Juzgado de Garantías de Corrientes, a cargo del magistrado Leandro Damián Llorente, hizo lugar a un hábeas corpus correctivo y colectivo y ordenó una serie de medidas para mejorar las condiciones de detención en un área del Servicio Penitenciario Provincial que funciona dentro del Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís, en la capital correntina.
La resolución N.º 3410, firmada el 15 de septiembre de 2026, respondió a una presentación del Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes, que actuó junto a organizaciones de Derechos Humanos en favor de las personas alojadas en la Unidad Penal N.º 10, conocida como “Área de Seguridad”.
Las medidas que ordenó la Justicia
El fallo dispone una serie de obligaciones concretas para garantizar condiciones dignas y adecuadas. Entre los puntos principales, se ordenó la eliminación urgente de riesgos eléctricos y la reparación de los sanitarios del pabellón femenino.
También se exigió la provisión regular de elementos de higiene, ropa de cama y vestimenta, además de fortalecer la atención en salud mental y desarrollar actividades terapéuticas, educativas, recreativas y físicas.
En el mismo sentido, la resolución pide revisar los tratamientos farmacológicos y los protocolos de abordaje de crisis, con enfoque en la contención verbal y la desescalada. Asimismo, se establecen garantías de defensa técnica y la revisión periódica de las internaciones y restricciones de capacidad.
Por último, se ordenó la comunicación inmediata de nuevos ingresos de personas sin causa penal, con el objetivo de prevenir alojamientos impropios.
El respaldo del Comité
Tras conocerse la decisión, el Comité de Prevención de la Tortura se pronunció: “La decisión judicial establece así obligaciones concretas para garantizar derechos y prevenir situaciones incompatibles con la dignidad humana”, expresó la entidad.
