Un informe judicial reveló un vínculo oculto del Estado con condenados por lesa humanidad

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas descubrió que decenas de efectivos condenados por crímenes de la dictadura mantenían su estatus de retiro. La revelación forzó una medida drástica que generó una fuerte tensión al interior de las Fuerzas Armadas.

Un documento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), publicado a principios de marzo y dado a conocer por el programa “Y Mañana Qué” de TN, expuso una situación que permanecía en las sombras. El informe detallaba que al menos 78 oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, con sentencia firme por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, nunca habían sido dados de baja.

Estos efectivos, a pesar de sus condenas, conservaban el estatus de retiro. Esta condición implicaba mantener un vínculo institucional formal con el Estado argentino, lo que conllevaba el derecho a percibir pensiones, jubilaciones y otros privilegios. Técnicamente, esta situación incluso los dejaba en condiciones de poder ser convocados a servicio activo nuevamente.

¿Cuántos seguían en esa situación?

A pesar de las reiteradas solicitudes de baja realizadas por la PIA durante su investigación, el organismo concluyó que, al momento de la publicación del informe, al menos 50 de estos agentes condenados seguían figurando en los registros como retirados. La cifra ponía en evidencia una demora o una resistencia burocrática significativa.

La divulgación de estos datos tuvo un efecto inmediato. Tras la publicación de la nota de TN, el Jefe del Ejército, Oscar Santiago Zarich, firmó una serie de resoluciones con fecha 26 de marzo. En estos documentos se ordenó la baja definitiva de 34 oficiales que aún permanecían con estatus de retiro.

De este grupo, cinco militares ya habían fallecido. Los otros 29 se encuentran actualmente cumpliendo diversas condenas por delitos de lesa humanidad. La medida, aunque basada en sentencias judiciales firmes, no fue bien recibida en todos los sectores.

Malestar y acusaciones al interior de la fuerza

La decisión generó un profundo recelo dentro de las Fuerzas Armadas, especialmente dirigido hacia la cúpula del Ejército y el Ministerio de Defensa. Según fuentes internas consultadas, existe la percepción de que desde el Ministerio “no hicieron nada para evitarlo, ni siquiera demorarlo”.

El descontento también se extendió a los familiares de los afectados, quienes se cuestionan si “era necesario tanto” y aluden a un supuesto “espíritu revanchista”, dejando de lado el peso de las condenas judiciales firmes que recaen sobre cada uno de los oficiales.

Gran parte de este enojo tiene como blanco principal al actual Jefe del Ejército, Zarich, y, con mayor énfasis, al Ministro de Defensa, Carlos Presti. Dentro de los cuarteles se especula que Presti decidió ceder y “no hacer ruido”, posiblemente por aspiraciones políticas de cara al año próximo. “Está haciendo buena letra y no quiere quilombos”, comentan las fuentes.

La crítica se agudiza porque, según señalan, quien tenía la facultad de disponer esas bajas cuando la PIA lo solicitó inicialmente era el propio Carlos Presti, quien en ese momento se desempeñaba como jefe del Ejército. Acusan que en aquel entonces no mostró ningún apuro en avanzar con los requerimientos, “y ahora los sacó en una semana”.

El camino iniciado por la PIA aún no está completo. Según la línea trazada por el organismo, resta avanzar con la baja de doce agentes más de las Fuerzas de Seguridad. Este grupo incluye a siete oficiales de la Policía Federal.

Además, permanecen otros ocho casos pendientes dentro de las Fuerzas Armadas, de los cuales siete pertenecen a la Armada Argentina. Se espera que en los próximos días haya novedades sobre estas situaciones residuales que el informe judicial puso en el centro de la escena.