Un informe que nadie quiere leer: los datos de la tortura en Corrientes que sacuden al sistema

El Comité de Prevención de la Tortura de Corrientes tiene listo su Informe Anual 2025-2026, y el próximo viernes 7 de agosto lo presentará en sociedad. El documento, que releva las condiciones de encierro en toda la provincia, promete ser un fiel reflejo de una realidad que muchos prefieren ignorar. La cita es a las 11 en el anexo de la Cámara de Diputados, sobre calle Buenos Aires 827.

El informe no es un simple trámite: surge del artículo 7, inciso k, de la Ley Provincial N° 6.280, la norma que creó el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En sus páginas, el organismo sistematiza un año de monitoreo y control en unidades penales, comisarías y dependencias de fuerzas federales, con un diagnóstico que busca sacudir conciencias.

¿Qué hay detrás del relevamiento?

No solo se enfoca en las cárceles. El documento también pone la lupa sobre los niños, niñas y adolescentes que están bajo la guarda del Estado en dispositivos de cuidado, y sobre los adultos mayores institucionalizados en hogares y en el hospital de salud mental. La tortura y los malos tratos en contextos de encierro, la sobrepoblación en penales y comisarías, la situación de los jóvenes en centros de responsabilidad penal juvenil y las muertes bajo custodia son algunos de los ejes que atraviesan el texto.

Acciones concretas y alianzas clave

El Comité no se quedó solo en el diagnóstico. Durante el período evaluado, impulsó acompañamiento psicológico para detenidos, gestionó el acceso a la salud, se reunió con delegados de las unidades y capacitó a la Policía de Corrientes. También firmó convenios con instituciones públicas y privadas, trabajó codo a codo con los ministerios de Salud, Seguridad, Justicia y Educación, y hasta logró donaciones de equipamiento informático y anteojos para los presos.

La articulación fue más allá: el organismo colaboró con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y la Procuración Penitenciaria de la Nación, presentó hábeas corpus ante vulneraciones de derechos y acompañó a víctimas de violencia institucional. El monitoreo de reclamos sanitarios, especialmente de personas con patologías graves, también ocupó un lugar central.

¿Qué piden las recomendaciones?

El informe cierra con un capítulo de conclusiones y recomendaciones dirigidas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia. El objetivo es claro: aportar herramientas para fortalecer las políticas públicas que prevengan la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La protección de los derechos humanos de los más vulnerables está en juego, y Corrientes tiene la oportunidad de escuchar.