Un informe técnico reveló un peligro oculto y obligó a cerrar un edificio clave de la Justicia

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Miguel de Tucumán fue clausurado de manera total y preventiva a partir del martes 14 de abril, tras un informe que advirtió sobre riesgos inminentes de electrocución e incendio, lo que afecta directamente la administración de justicia en la provincia.

La presidenta del tribunal, Carina Farías, tomó la decisión de prohibir el ingreso al inmueble ubicado en calle Chacabuco 125 y suspender toda actividad presencial hasta nuevo aviso. Esta medida responde a una creciente preocupación por el estado de las instalaciones eléctricas, que se había venido manifestando en denuncias previas.

¿Qué descubrió el diagnóstico técnico?

Un diagnóstico elaborado por la empresa EDET detectó un deterioro generalizado del sistema eléctrico, con fallas estructurales que comprometen la seguridad de trabajadores, funcionarios y del público. El informe fue clave para fundamentar el cierre, confirmando un escenario de gravedad que ya había sido señalado por el gremio judicial.

El delegado regional de la UEJN, Ignacio García Mena, explicó que la disposición se mantendrá vigente hasta que se solucione el problema eléctrico de fondo. Esto refleja la seriedad de la situación, que no se limita a fallas aisladas sino a un sistema comprometido en su totalidad.

¿Cómo funcionará la Justicia durante el cierre?

Se implementó un esquema de funcionamiento excepcional, mediante el cual solo se atenderán actuaciones urgentes. Los secretarios del TOF y las autoridades de los Ministerios Públicos con sede en el edificio fueron facultados a garantizar los procedimientos que no admitan demoras.

El resto de la actividad queda paralizada, evidenciando una crisis edilicia profunda dentro de la Justicia Federal en Tucumán. Esta paralización impacta en el normal desarrollo de los procesos judiciales, generando incertidumbre entre los involucrados.

¿Qué sigue ahora?

La incertidumbre gira en torno a los plazos de reparación y normalización, en un edificio clave para el funcionamiento judicial que permanecerá cerrado sin fecha concreta de reapertura. Esto deja en evidencia la falta de mantenimiento y las posibles consecuencias para la seguridad pública.

La clausura preventiva busca evitar tragedias mayores, pero plantea desafíos logísticos y operativos para la Justicia. Ahora, las autoridades deberán trabajar en soluciones rápidas y efectivas para restablecer las actividades en condiciones seguras.