Un intendente de Poggi tildó de "inverosímil" la causa por desvío de fondos y la fiscalía avanza

El intendente de la ciudad de San Luis, Jorge Gastón Hissa, quedó en el centro de la tormenta después de calificar como "inverosímiles" las acusaciones por presunta corrupción que pesan sobre su gestión. Mientras tanto, la fiscalía no afloja: esta semana el municipio tuvo que responder un nuevo oficio judicial. El jefe comunal, cercano al gobernador Claudio Poggi, niega todo y habla de "judicializar cuestiones totalmente inverosímiles" para ganar protagonismo.

La causa que lo complica, conocida como "Suela 13", investiga el supuesto pago con fondos públicos de las facturas de electricidad de un complejo deportivo privado. Ese predio estaría vinculado a Laura Sánchez, presidenta del Concejo Deliberante y también presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol.

¿Quién es Jorge Gastón Hissa?

Hissa llegó a la intendencia en junio de 2023 de la mano del lema Cambia San Luis, el mismo espacio que llevó a Claudio Poggi a la Gobernación. El gobernador participó de su asunción y ambos mostraron una fuerte sintonía política desde el arranque. Por eso, el avance de estas investigaciones no solo salpica al municipio, sino también al oficialismo provincial.

En una entrevista con el periodista Alberto Trombetta, el intendente aseguró que se intenta "judicializar cuestiones totalmente inverosímiles" para obtener "una cuota de protagonismo". Sus declaraciones coincidieron con una nueva actuación judicial dentro del expediente.

Lo curioso es que Hissa cambió el discurso respecto de sus primeros meses de gestión. En ese entonces, promovía denuncias penales contra exfuncionarios de la administración anterior y defendía la judicialización como una herramienta para esclarecer corrupción. Ahora que las investigaciones apuntan a su propio gobierno, relativiza ese mecanismo y pone en duda las motivaciones de quienes recurrieron a la Justicia.

Qué se investiga en la causa Suela 13

La denuncia la presentaron a fines de junio los concejales del bloque del Partido Justicialista ante el Ministerio Público Fiscal. Según su presidente, Juan Martín Divizia, la maniobra alcanza a Sánchez, a otras dos funcionarias y también al propio Hissa, porque el Ejecutivo municipal habría autorizado los pagos.

Los concejales denunciantes calificaron el hecho como un presunto "desfalco de varios millones de pesos" y marcaron una contradicción: esos gastos chocan con las políticas de ajuste que aplica la Municipalidad. La fiscalía, en tanto, pidió información a EDESAL para determinar quién figura como titular del suministro eléctrico del complejo.

La empresa respondió que el medidor estuvo a nombre de la Municipalidad de San Luis y que las facturas fueron abonadas por el municipio entre julio de 2025 y junio de 2026. Además, señaló que la titularidad recién se transfirió a nombre de Laura Sánchez en junio de este año. EDESAL también incorporó al expediente el contrato de alquiler del inmueble, firmado en julio de 2025, donde Sánchez figura como propietaria.

Desde el municipio, la secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, rechazó las acusaciones y explicó que el suministro correspondía a un inmueble alquilado durante la gestión del exintendente Sergio Tamayo. Aseguró que la administración actual ya había iniciado el trámite para dar de baja el medidor antes de la denuncia.