Un inversionista intimó a una empresa por una deuda millonaria tras la muerte de su presidente
Un abogado intimó a una empresa por una deuda de 200.000 dólares tras la misteriosa desaparición de su identificación comercial. ¿Lograrán recuperar el dinero o enfrentarán una denuncia penal?
Un inversionista cordobés exigió el pago de un préstamo de 200.000 dólares a una empresa cuyo presidente fue hallado sin vida recientemente. La intimación legal, que suma intereses y alcanza los 278 millones de pesos, fue dirigida a UM Argentina Inversiones SA, con oficinas en calle 24 de Septiembre, tras detectar que el local aparecía desocupado y sin identificación.
Con el patrocinio del abogado Diego Lindow, Alejandro Martín Marchese intimó a la empresa a abonar en 24 horas el interés compensatorio de marzo por 5.000 dólares y la devolución total del capital. En la carta documento, se citó un contrato de mutuo y se advirtió que cualquier intento de desconocer la operación sería considerado un ardid para defraudar.
El letrado amplió que las cuotas anteriores de intereses fueron pagadas mediante transferencia bancaria en dólares desde la cuenta de UM Argentina Inversiones SA, lo que respaldaría la existencia del préstamo. También mencionó constataciones notariales que evidencian la ausencia de personal y la remoción del cartel de la empresa en su sede.
¿Qué sucedió con el presidente de la empresa?
La firma era presidida por el financista Martín Maldonado, quien falleció el 2 de marzo, cuando fue hallado ahorcado en una vivienda que alquilaba en el barrio privado El Timbó, ubicado entre Los Romano y Villa Robles. Su muerte añade un giro dramático al caso financiero.
Pese al hermetismo, trascendió que el socio actual que encabeza UM Inversiones desconoce las presuntas deudas, argumentando que Maldonado podría haber recibido los fondos sin ingresarlos a las arcas de la empresa. Esto contrasta con la postura del demandante, quien insiste en la responsabilidad solidaria de la sociedad.
¿Cuáles son las consecuencias legales?
En la intimación, Lindow ratificó la exigencia de pago bajo apercibimiento de iniciar una denuncia penal por el delito de defraudación por retención indebida. El documento legal destaca la urgencia del reclamo y la falta de respuesta por parte de la empresa intimada.
El caso pone en evidencia tensiones financieras y legales en el entorno empresarial, con un monto significativo en juego y un contexto marcado por la tragedia personal del antiguo presidente. Los detalles del operativo de intimación y las pruebas presentadas podrían definir el curso de las acciones judiciales futuras.