Un jubilado bancario peleó por su haber en la Justicia y la respuesta lo dejó en el camino
Un jubilado bancario reclamó que la reforma le cambió la forma de calcular su haber y llevó el caso a la Justicia. La respuesta del tribunal no resolvió el fondo: le marcó otra puerta para insistir.
La Justicia de Entre Ríos declaró «inadmisible» el amparo con el que un jubilado del escalafón bancario buscaba tumbar el artículo de la reforma previsional que, según su planteo, le cambió la forma de calcular la movilidad de su haber. La resolución la firmó el juez de juicio Juan Francisco Malvasio, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
El abogado Orlando Alberto Jorge había presentado la acción contra el Estado provincial y contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos. El letrado pidió que se declare la inconstitucionalidad del artículo 34° de la Ley N° 11.302, la norma que reformó el sistema previsional entrerriano a mediados de 2022, y del artículo 7° y concordantes de la Resolución N° 4.924/26 de la Caja.
Qué reclamaba el jubilado
El eje del planteo era el mecanismo de actualización. Según Jorge, esas normas «desvinculan la movilidad de mi haber del escalafón bancario al que pertenecí en actividad y la atan a los incrementos del escalafón 'con mayor cantidad de aportantes' (personal del Consejo General de Educación), con la que no guardo relación legal alguna».
Por eso reclamó que la Justicia le ordene a la Caja «continuar liquidando la movilidad de mi haber conforme a los incrementos salariales del escalafón bancario al que pertenecí al acceder al beneficio». También pidió que se liquiden y abonen «los incrementos salariales del escalafón bancario devengados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 11.302» que, sostuvo, aún «no fueron trasladados a mi haber, imputando a cuenta la suma de $199.776,00 que me fue acreditada bajo el código 5001, con más sus intereses».
El argumento del juez para rechazarlo
Malvasio hizo propio el dictamen de la fiscal Natalia Beatriz Taffarel, quien consideró que la controversia debía «sustanciarse mediante la vía contencioso-administrativa o la acción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 51 de la Ley N.º 8.369, procedimientos que permitirían un conocimiento más amplio de las circunstancias particulares del caso».
El magistrado también apoyó su decisión en jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia, en especial en la causa «Bahl, Joaquín Emanuel c/Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Gustavo René Hein s/Acción de Amparo». Citó el voto de la vocal Claudia Mizawak, que recordó que «el amparo es un remedio excepcional que no tiene por objeto obviar los trámites legales ni alterar las jurisdicciones vigentes» y que solo cabe cuando hay «arbitrariedad o ilegalidad manifiestas» y otras vías resultan ineficaces frente a un daño concreto y grave.
Para Malvasio, «resulta necesario que lo que aquí se pretende sea discutido por las vías ordinarias, y no en este marco acotado como es la acción de amparo». El juez remarcó que las propias partes discrepan sobre los hechos que sostienen el reclamo.
Las cifras que no coinciden
El jubilado afirma que el nuevo régimen le redujo la movilidad a menos de un tercio de lo que le correspondía. Para sostenerlo compara la recomposición del personal bancario entre enero y septiembre de 2026 (21,5%) con la del escalafón docente en el mismo período (6,5%).
Del otro lado, las accionadas sostienen que los incrementos bancarios anteriores al 22 de agosto de 2026 le fueron trasladados bajo el régimen anterior. Y agregan que en el único período liquidado con el nuevo sistema, septiembre de 2026, el actor percibió un incremento del 3,5%, superior al 1,9% que obtuvo el personal bancario.
También hay diferencias sobre deudas pendientes. El jubilado asegura que se le adeudan los aumentos bancarios de julio y agosto de 2026; la Caja acompañó un informe de su Área Informática según el cual «a septiembre de 2026 no se adeudan incrementos salariales de dicho escalafón».
El cierre de la resolución
Malvasio coincidió con la fiscal en que hace falta «un mayor debate y prueba para determinar si existió o no un ejercicio ilegítimo, si ello conlleva la lesión constitucional invocada y la existencia de los derechos adquiridos alegados». En esa línea, observó que «existen otras vías más idóneas para encontrar una solución al planteo», porque «el objeto de la litis requiere de otro tratamiento, que la acción de amparo con su margen limitado de prueba no puede brindar».
Por eso resolvió «declarar a la presente inadmisible, en virtud de la existencia de medios judiciales más idóneos» y, en consecuencia, «rechazar la presente acción de amparo contra el Estado Provincial y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos».
