Un juez citó a declarar a los dueños de una droguería y a otras 37 personas: la lista arranca el 29

El juez federal Ariel Lijo aceptó el planteo de la fiscalía y ordenó este jueves las indagatorias de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la firma Suizo Argentina, junto a otras 37 personas, en el marco del caso ANDIS por maniobras de corrupción que superan los $137.000 millones.

La medida replica el dictamen que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez —titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas— firmaron el 16 de octubre. En total son 39 indagatorias, y 36 de ellas apuntan a imputados que hasta ahora no habían sido convocados a declarar en el expediente.

Quiénes son los primeros citados

La ronda de convocatorias arranca el 29 de octubre y se extiende hasta el 26 de noviembre. Los primeros seis llamados son todos directivos de Suizo Argentina, la droguería que la fiscalía ubica en el centro del esquema y a la que acusa de haber cooptado la agencia que conducía Diego Spagnuolo, íntimo amigo del presidente Javier Milei, en particular entre mayo de 2024 y agosto de 2025.

Según los investigadores, esa firma tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró una cartelización con otras 14 empresas identificadas hasta el momento. En apenas 15 meses habría sido la privada que más dinero recibió de la agencia: casi $140.000 millones, cerca del 30% de las erogaciones de la ANDIS. Los sobreprecios, según la acusación, llegaron al 4.000%.

Jonathan Kovalivker, presidente de la compañía, deberá presentarse el 29 de octubre a las 9.30. Los fiscales lo señalan como jefe de la asociación ilícita y le adjudican haber ejecutado, junto a funcionarios de la agencia y directivos de las firmas cartelizadas, maniobras defraudatorias contra el erario y negociaciones incompatibles. Cuando la causa arrancó, la Justicia allanó su vivienda en el barrio cerrado La Isla, en Nordelta, pero el empresario se fue antes de que llegara la policía de la Ciudad; apareció tres días después para entregar su celular, que tenía pedido de secuestro. Por obstruir el procedimiento, el juez Sebastián Casanello procesó a mediados de 2025 al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis.

Su hermano Emmanuel, vicepresidente, fue citado el mismo día a las 10.30. La fiscalía lo considera integrante de la organización. A diferencia de Jonathan, en el operativo de agosto de 2025 sí fue encontrado en su casa, porque no llegó a escaparse: tenía 266 mil dólares repartidos en distintos sobres.

El tercero de la tanda es Diego Viner, director de Compras, accionista y primo de los Kovalivker, convocado para el 29 a las 11.30. El 3 de noviembre será el turno de Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos y señalado también como jefe de la asociación ilícita (9.30), y de Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales (10.30).

A Zarbo se le atribuye haber instruido a su equipo a poner el precio que quisieran a un medicamento PACBI para ganar plata, que después se vendió a la agencia con sobreprecio: un fármaco que costaba 92.000 pesos se facturó a 4 millones por unidad. También presentó la declaración jurada como apoderado de la firma para participar de compulsas y licitaciones, y habría tenido línea directa con los directivos para gestionar las ventas "con precios irracionales y antojadizos".

El sexto es Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales, citado para el 3 de noviembre a las 11.30. Los fiscales sostienen que coordinó las ventas de Suizo hacia la ANDIS y hacia Génesis S.A., y de esta última al Estado, fijando valores y haciendo las gestiones para que la firma quedara adjudicada. Además, llevaba el control administrativo de las compulsas de precios, es decir, la puesta en marcha de la cartelización.

El lobista que se definía como "soldado"

Lijo también citó a Pablo Atchabahian, exintegrante de la ANDIS durante el macrismo y ya procesado en este expediente, para el 24 de noviembre a las 11.30. Para la fiscalía era lobista de Suizo Argentina y cumplió un rol central en organizar y gestionar los intereses de la empresa dentro del organismo, en coordinación con Daniel Garbellini —su brazo ejecutor— y con Spagnuolo. "Se reconocía como un soldado de la Suizo Argentina S.A.", apuntaron Picardi y Rodríguez; Emmanuel Kovalivker lo llamaba "un gran soldado". El dictamen registra al menos 33 pasajes reservados por la firma a su favor entre octubre de 2024 y agosto de 2025.

Fuentes de la investigación señalaron que hay chances de que Atchabahian decida hablar ese día, algo que no es menor: conoce en detalle cómo funcionó el mecanismo de corrupción en la agencia.

Calvete, los honorarios y el viaje a Israel

Al día siguiente, el 25 de noviembre a las 9.30, fue convocado Miguel Ángel Calvete, alias "MAC", otro procesado al que dictámenes anteriores ubican como jefe de la asociación ilícita. Volvió a la citación porque los fiscales encontraron vínculos entre él y los directivos de Suizo: le habrían pagado más de 54 mil dólares en 2024 en concepto de honorarios.

La información sale de documentos secuestrados en el expediente. Un archivo llamado "Rendición del 3 de abril 2024" registra honorarios y pagos de ese mes: Calvete habría cobrado de la firma unos 56 millones de pesos, equivalentes a 55 mil dólares según el tipo de cambio. Desde la empresa también lo contactaron mientras la droguería estaba siendo allanada.

Calvete, cuyas empresas también ganaron contrataciones de la ANDIS, tenía contactos en varios frentes. Su hija Ornella, procesada en la causa, tenía cerca de 700 mil dólares secuestrados en un allanamiento y trabajaba en el Ministerio de Economía cuando estalló el escándalo. El propio Calvete mantenía además una relación aceitada con Spagnuolo.

Las otras 31 personas citadas

Más allá de los nombres ya mencionados, el juez fijó un cronograma que se extiende durante casi todo noviembre:

4 de noviembre: Horacio Antonio Encino, Juan Francisco Cereijo y Santiago Humberto De Angelis.
5 de noviembre: Leandro Antonio López, Mario Roberto Litmanovich y María Eugenia Luraschi.
11 de noviembre: Matías Saúl Litmanovich, Delia Inés Navarro y Yair Hendler.
12 de noviembre: Joel Hendler, Ezequiel José Masjuan y Guillermo Fernández Funes.
13 de noviembre: Facundo Tomás María Giudici, Juan Agustín Giudici y Fernando Oris de Roa.
17 de noviembre: María Luisa Clotilde Macchiavello, Silvia Adriana Macchiavello y Lucila Irene Macchiavello.
18 de noviembre: Marcela Macchiavello, Hernán Jorge Bagliero y Laura Elena Palisa Mujica.
19 de noviembre: Alfredo Oscar Gómez, José Emilio Sabella y Roberto Omar Campano.
24 de noviembre: José Héctor Reboratti y Eduardo Hugo Roqueta.
25 de noviembre: Juan Ignacio Sabio y Andrés Horacio Arnaudo, ya procesado.
26 de noviembre: Luis Fernando Segura, Diego Raúl Torre y Patricia Susana Calderón.

Los cuatro exfuncionarios que quedaron afuera

La fiscalía había pedido también la indagatoria de cuatro exintegrantes de la ANDIS, pero Lijo —postulado por el Gobierno a la Corte Suprema y sin apoyo del Senado— decidió no incluirlos en esta tanda. Se trata de Diego Spagnuolo, extitular del organismo, íntimo amigo y exabogado de Milei; Daniel Garbellini, director de Incluir Salud y ya procesado, que autorizaba los pagos y según los fiscales se reunía con directivos de Suizo en restaurantes y les pasaba información interna; y los exintegrantes Matías Javier Palotti Bertola y Diego Martín D'Giano.

Fuentes de la investigación indicaron que el magistrado pretende convocarlos "más adelante", en principio después de escuchar a algunos o a todos los 39 empresarios, ejecutivos y lobistas. El resultado práctico es que los exfuncionarios ganan tiempo para armar su defensa con más información.

Sobre Spagnuolo, los fiscales sumaron nuevos hechos: además de los pagos en efectivo que ya se le atribuían, reconstruyeron que Calvete gestionó y costeó un viaje suyo a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024. El dato surge del análisis del teléfono de la secretaria de Calvete, Patricia Canavesio, con mensajes guardados como resguardo y un archivo comprimido con sus conversaciones con la agente de viajes Paula Facal. De ese material se desprende que se pagaron pasajes, hospedaje y atención al viajero; la secretaria incluso eligió el asiento —Spagnuolo quería primera— y dejó asentado que todo era para pagar favores políticos.

Cómo funcionaba el entramado, según la fiscalía

En su dictamen, Picardi y Rodríguez describieron un entramado ilícito montado entre funcionarios de la ANDIS y representantes de Suizo Argentina que derivó en grandes sumas para la empresa y en retornos para los funcionarios. "La ANDIS llevó la bandera de la Suizo Argentina S.A. durante toda su gestión: no fue una firma más en el entramado ilícito, fue la que mediante diversas maniobras lo controló", sostuvieron.

La droguería —cuyos dueños eran llamados "los helvéticos" y a la que se vincula con la familia Menem— recibía información anticipada, administraba las compulsas, fijaba los precios de los medicamentos PACBI propios y de otras firmas, usaba a Génesis S.A. como interpuesta para inflar los valores al Estado y hasta daba órdenes sobre a qué proveedores pagar y a quién designar o despedir dentro de la agencia. "Funcionó como una verdadera ventanilla de pagos de sumas millonarias administrada discrecionalmente", resumieron.

Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la firma facturó a la ANDIS $124.652.174.118,59, siempre según la fiscalía. Todo operaba de forma cartelizada: Suizo tenía las cotizaciones de sus competidores antes del cierre de las compulsas, lo que configuraba un "doble pacto", con la agencia para asegurarse el rol de administradora y máxima ganadora, y con las demás firmas para que aceptaran su juego.

Los investigadores también detectaron nuevos sobornos a Spagnuolo y revelaron que un aportante electoral de La Libertad Avanza, procesado en el expediente, obtuvo adjudicaciones por más de $3.000 millones menos de un año después de financiar al partido de Milei.

El caso acumula 85 personas físicas y 40 jurídicas vinculadas a las maniobras, con 44 procesamientos dictados. Los audios difundidos por Carnaval Stream fueron los que instalaron el "Coimagate" en los medios: Picardi los tomó como disparador pero no como prueba. Spagnuolo, por su parte, busca que se declare la nulidad de todo lo actuado alegando la ilegalidad de esas grabaciones, en un intento por derribar un expediente que sigue avanzando en la Justicia.