Un juez convoca a Gobierno y universidades: ¿habrá acuerdo por el financiamiento?

El juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 de la Ciudad de Buenos Aires, dio un paso clave para destrabar el conflicto por el financiamiento universitario. Citó a las partes a una audiencia clave el próximo viernes 21 de agosto, en medio de la tensión por la aplicación de la Ley 27.795.

La convocatoria fue impulsada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y recibió el visto bueno del Gobierno nacional. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), en cambio, expresó su rechazo argumentando que la medida cautelar ya está firme y debe cumplirse de inmediato. Sin embargo, fuentes del CIN confirmaron a TN que asistirán al encuentro.

¿Qué se busca con esta audiencia?

El objetivo es que las partes expongan sus posturas y, si es posible, lleguen a un acuerdo que ponga fin a la disputa judicial. El conflicto se originó con el Decreto 759/25, que condicionó la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025.

Esa ley, que había sido vetada por el Poder Ejecutivo y luego ratificada por ambas cámaras tras un amplio respaldo legislativo y movilizaciones estudiantiles, establece actualizaciones salariales y la recomposición de programas de becas, como el Progresar. Ante la demora en su aplicación, el CIN, junto con gremios docentes, presentó un amparo colectivo.

¿Qué dijo la Corte Suprema?

En junio, la Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la ley: la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó el recurso del Ejecutivo y emitió dos resoluciones en la causa iniciada por el CIN.

La decisión llegó semanas después de que el Gobierno acordara transferir fondos a las universidades para incrementar un 24,33% los salarios, un 20% los gastos de funcionamiento y ampliar las partidas para hospitales universitarios hasta $50.000.000.000.

Según explicaron a TN desde la comunidad universitaria, la oferta representaba llevar el presupuesto universitario del 0,5% del PBI al 0,6%, mientras que la Ley de Financiamiento vigente establece un 0,75%.

La audiencia del 21 de agosto será clave para definir los próximos pasos. Mientras tanto, la cautelar sobre salarios y becas sigue vigente, y la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una sentencia de fondo.