Un juez de la Corte Interamericana lanzó una advertencia en La Pampa: "Los avances tecnológicos pisotean derechos"

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uruguayo Ricardo César Pérez Manrique, visitó la Universidad Nacional de La Pampa para dar una conferencia pública y dejó una frase que resume su postura: “Ninguna norma que se dicte puede ser contraria a la dignidad humana, sino que ella tiene que ser el centro de la ley porque estamos obligados a pensar que tenemos que resolverles problemas a personas de carne y hueso”.

La charla se tituló “El juez nacional y el derecho internacional de los derechos humanos” y formó parte del Programa Académico Institucional en Derechos Humanos de la casa de estudios. En la presentación, Pérez Manrique estuvo acompañado por la ministra del Superior Tribunal de Justicia, María Verónica Campo, y el rector Francisco Marull.

También asistieron el presidente del STJ, Hugo Oscar Díaz; los ministros Fabricio Luis Losi y Eduardo Fernández Mendía; el procurador general Mario Oscar Bongianino; y el defensor general Martín Saravia, junto a otras autoridades provinciales, judiciales y académicas.

Un llamado a bajar los derechos humanos al día a día

Al abrir la actividad, la ministra Campo sostuvo que los derechos humanos “están en cada una de nuestras acciones diarias” y remarcó la necesidad de trabajar para que las citas y declaraciones “lleguen a los ciudadanos” y trasciendan en la práctica. El rector Marull, por su parte, subrayó que el rol de la Universidad es “generar debates” y que sus egresados deben tener “una mirada de derechos humanos”, con la inclusión y la justicia social como objetivos de la vida en comunidad.

El rol del juez nacional y el sistema interamericano

Pérez Manrique planteó la necesidad de profundizar el diálogo entre los organismos de justicia internacionales y los sistemas jurídicos nacionales. “Tenemos que intercambiar formas de reacción frente a determinados problemas, aun cuando haya, a través de las sentencias, una respuesta específica para cada caso concreto”, afirmó.

Sostuvo que el juez nacional debe reconocer la autoridad del sistema interamericano y buscar la armonización de las normas. En ese sentido, explicó que “el derecho internacional actúa como un principio de complementariedad con el derecho interno y recién lo hace cuando el sistema interno fracasó en garantizar los derechos humanos”.

El magistrado uruguayo enfatizó que “el derecho es una ciencia social dirigida a una sociedad integrada, donde el ser humano debe ser el principio y el fin de cualquier sistema”. Detalló que el acceso a la justicia y el incumplimiento de las garantías judiciales son las dos principales causales por las que los casos llegan a la Corte. “Ello implica que hubo jueces nacionales que no aplicaron adecuadamente los derechos humanos. Por eso digo que el sistema internacional es complementario a los jueces nacionales. Ellos son la primera barrera para impedir que cuestiones de derechos humanos lleguen a la Corte”, señaló.

Además, informó que a la Corte, que representa a más de veinte países y 500 millones de habitantes, solo ingresan unos cuarenta casos por año. Calificó como “irrisoria” la cantidad de personas protegidas directamente por el sistema e insistió en la importancia de trabajar en conjunto para que la protección de los derechos sea “en tiempo y efectiva”.

“Pongámonos la camiseta de la gente, de la persona que sufre y no encuentra respuestas en el sistema interno”, exhortó el juez. Mencionó como dificultades para el acceso a la justicia los costos de los procesos, la imposibilidad de tener un abogado y las carencias presupuestarias de los sistemas públicos.

“La persona no es un simple judiciable, sino un ser humano con necesidades específicas”, manifestó, aludiendo a la importancia de tener perspectiva de género, niñez y vejez. También advirtió sobre los desafíos de la inteligencia artificial: “Los avances tecnológicos pisotean derechos. Por eso insisto en que el rol central de la justicia es pensar en el ser humano”, concluyó.