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Monteros
22 noviembre 2019

Un juez de Monteros avala la aplicación gradual de un Código Procesal Penal

Según el juez de Instrucción en lo Penal de Monteros, Mario Velázquez, La implementación progresiva del Código Procesal Penal sancionado en 2016 es constitucional.

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El juez de Instrucción en lo Penal de Monteros, Mario Velázquez, dio su aval al nuevo Código Procesal Penal sancionado en el 2016 y que rige en la provincia de Tucumán.

La reforma que debía entrar en vigencia en toda la provincia durante el año 2017 solo funciona en Concepción. Sin embargo, la Ley 9.176, del 22 de marzo pasado, dispuso que la capital y Monteros se sumen en mayo de 2020.

La implementación progresiva del Código Procesal Penal sancionado en 2016 es constitucional, según el juez de Instrucción en lo Penal de Monteros, Mario Velázquez. El magistrado se pronunció de esa manera al rechazar un planteo de una defensa que, esgrimiendo el principio de la ley más benigna y de la garantía de igualdad ante la ley, reclamaba la aplicación del nuevo esquema a presuntos hechos ilícitos cometidos en una jurisdicción donde la investigación penal sigue rigiéndose por las prescripciones del Código Procesal Penal de 1991. En virtud de distintas prórrogas legislativas, la reforma que debía entrar en vigor en toda la provincia en 2017 sólo funciona en Concepción. La Ley 9.176, del 22 de marzo pasado, dispuso que la capital y Monteros se sumen en mayo de 2020.

Velázquez apoyó en forma categórica esta versión del “gradualismo”. “Pretender la vigencia total del nuevo Código va en contra de toda lógica jurídica; atenta contra el esfuerzo de los actores estatales que vienen trabajando para la completa vigencia de la reforma, y olvida el esfuerzo en la readecuación de recursos humanos, materiales y edilicios que se debe hacer. Muestra más clara y evidente que el trabajo realizado en el Centro Judicial Concepción no hay”, manifestó en el fallo “Marín” del 16 de septiembre pasado.

El juez manifestó que la entrada en vigencia paulatina del cambio para nada afectaba derechos o garantías del imputado. “El principio de igualdad ante la ley cuya vulneración esgrime la defensa no quiere decir una igualdad simétrica, sino el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias”, reflexionó. Y añadió que la vigencia simultánea de dos sistemas de enjuiciamiento no significa una discriminación arbitraria para las personas sujetas a uno u otro código, según el lugar de los hechos.

Según lo consignado a través del medio a La Gaceta, mediante su portal de noticias online.

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