Un juez de Santa Cruz advierte que la nueva ley penal juvenil choca con un código obsoleto

El Congreso sancionó la Ley 27.801, una reforma integral del régimen penal juvenil que baja de 16 a 14 años la edad de punibilidad. La norma alcanza a un universo de unos 2,2 millones de jóvenes en todo el país, según estimaciones oficiales.

El juez Penal Juvenil de Río Gallegos, Fernando Zanetta, dialogó con LU12 AM680 y analizó el impacto de la nueva legislación en Santa Cruz, donde advirtió que falta infraestructura y actualización normativa para aplicarla.

Más chicos, más trabajo

Zanetta explicó que la baja de la edad de punibilidad amplía de forma significativa la población alcanzada: “Teníamos hasta hoy la edad a partir de los 16 y, con la nueva ley, arrancamos a partir de los 14. La franja etaria que va entre los 14 y los 16 años son aproximadamente a nivel país 2.200.000 personas”.

“El trabajo se va a multiplicar y vamos a trabajar con jóvenes realmente de muy corta edad”, sostuvo. Y agregó: “A los 14 años, hoy con las adolescencias tardías que tenemos, prácticamente son niños”.

Críticas a la reforma

El magistrado cuestionó la decisión del Congreso y recordó que la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional desde 1994, recomienda no bajar la edad de punibilidad. “Argentina hizo caso omiso a esto y la bajó”, señaló.

Además, consideró que la reforma “no va a cambiar el universo delictivo” y que apunta a las consecuencias y no a las causas: “La causa es social, económica, y todos los problemas que ya sabemos que estamos sufriendo en el país”.

También alertó que la nueva ley incluye delitos menores que antes quedaban fuera: “Un adolescente de 14 años que rompe un vidrio estaríamos ante un delito de daño y sería factible de tener una causa penal en su contra”.

Justicia restaurativa

Zanetta se mostró partidario de la justicia restaurativa para casos de menor cuantía. “Todo el fuero penal juvenil del país coincidimos en ir hacia una justicia restaurativa”, afirmó, y mencionó la suspensión de juicio a prueba, la reparación del daño y la mediación como alternativas al proceso penal.

“Se busca que el adolescente entienda su responsabilidad, se haga cargo, repare el daño y evitemos un proceso penal largo por un delito menor”, fundamentó.

Faltantes en Santa Cruz

En la provincia, la implementación enfrenta serias dificultades. “No tenemos la legislación actualizada necesaria para implementar plenamente la ley”, dijo Zanetta. “Nuestro Código Procesal Penal es un código obsoleto, inquisitivo”, agregó.

Además, marcó una contradicción: la normativa provincial prohíbe la prisión preventiva en menores, mientras que la ley nacional exige fijarla con resolución fundada. “Ahí tenemos una dificultad muy grande que vamos a tener que trabajar con fiscales y defensores”, indicó.

En cuanto a la infraestructura, el juez valoró el dispositivo de Río Gallegos, en calle Córdoba, que funciona como un hogar y no está manejado por el servicio penitenciario. Pero advirtió que la ley prohíbe alojar menores en cárceles de adultos y que se necesitan lugares especializados.

Concientización y alcance

Zanetta participó de una convocatoria con más de 1.000 estudiantes secundarios de Río Gallegos para difundir la nueva ley. “Lo primero que tiene que saber un joven es que los actos tienen consecuencias a partir de los 14 años”, expresó.

La iniciativa busca replicarse en Caleta Olivia y el interior, aunque el juzgado penal juvenil de esa ciudad está vacante desde hace años.

El juez relativizó el impacto local al señalar que en casi 7 años envió al dispositivo a “seis o siete jóvenes como mucho”, y que hace 2 años no hay menores alojados. Pero advirtió por la situación en Zona Norte: “Si pasa algo, el juez tiene que mandar al joven al dispositivo de Río Gallegos, con lo que eso implica al alejarlo de su núcleo familiar”.