Un juez federal ordenó algo que el gobierno no esperaba: el detalle que cambia todo para miles de personas

Un juez federal dictó una medida cautelar que obliga al Estado Nacional a restituir un programa social clave, afectando a cerca de 900 mil beneficiarios. La decisión judicial llega tras la eliminación del programa anunciada por el Ministerio de Capital Humano, generando un nuevo revés para el gobierno nacional.

El magistrado Adrián González Charvay, del fuero federal de Campana, se expidió sobre una presentación colectiva realizada por cinco trabajadores de la economía popular. Estos denunciantes se vieron perjudicados con la eliminación del programa “Volver al Trabajo”, que el ministerio anunció el 7 de abril pasado.

El monto que cobraban, de $78.000 mensuales, sería reemplazado por vouchers de capacitación laboral según la medida oficial. Sin embargo, la situación de los beneficiarios llevó a la intervención judicial.

¿Qué argumentaron los denunciantes?

Los cinco trabajadores plantearon en sede judicial que se encuentran “en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica estructural”. Además, sostuvieron que no cuentan con una “inserción formal en el mercado de trabajo” y que la prestación del programa constituye su “principal o único ingreso”.

Frente a esta denuncia, el juez González Charvay tomó una decisión contundente. Ordenó al Estado Nacional que “mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo”.

La medida debe implementarse “dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva”. El fallo incluye la advertencia de aplicar astreintes (multas) por cada día de retardo en el cumplimiento.

Antecedentes del programa eliminado

Cabe recordar que “Volver al Trabajo” se creó en reemplazo del “Potenciar Trabajo” y congeló el monto de la remuneración en $78.000 en diciembre de 2023. El programa alcanzaba a aproximadamente 900 mil planes sociales.

A más de dos años de la aplicación del nuevo programa, la cartera a cargo de Sandra Pettovello anunció que la prestación finalizaría el 9 de abril. Esta decisión desató una serie de protestas por parte de organizaciones sociales que representan a los beneficiarios.

La medida cautelar representa un significativo contratiempo para la política social del gobierno nacional. El juez federal fundamentó su decisión en la situación de vulnerabilidad extrema denunciada por los trabajadores afectados.

Ahora, el Estado Nacional deberá cumplir con la orden judicial en el plazo establecido de tres días. De lo contrario, enfrentará sanciones económicas por cada día de demora en la restitución de las prestaciones.

El caso continuará su curso judicial hasta que se dicte sentencia definitiva sobre la validez de la eliminación del programa “Volver al Trabajo”. Mientras tanto, los cerca de 900 mil beneficiarios deberían volver a recibir los $78.000 mensuales que habían perdido.