Un juez federal ordenó investigar a una camarista y devolvió una causa clave de narcomenudeo

La Justicia provincial vive un nuevo episodio de tensión tras una resolución que rechazó la competencia federal en una investigación por microtráfico y derivó en una orden para evaluar la conducta de una magistrada.

El juez federal de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz rechazó la competencia de una causa por narcomenudeo que había sido girada por la camarista Gabriela Sansó del fuero santafesino. En su resolución, Da Cruz ordenó enviar copia del acta de la audiencia y del registro audiovisual a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe “a fin de que se evalúe la conducta de la magistrada Gabriela Sansó”.

La camarista había mandado la causa a la Justicia federal al interpretar que se trataba de narcotráfico y no narcomenudeo. Además, el juez federal pidió que el fiscal regional Matías Merlo “investigue la posible comisión de un delito de acción pública” por parte de Sansó.

¿De qué se trata la causa?

El legajo involucra a la presunta organización de Villa Gobernador Gálvez liderada por el recluso Jonatan “Jano” Fernández, una tercera línea de Los Monos que está en la cárcel de Piñero. Los fiscales provinciales Pablo Socca y Brenda Debiasi habían impulsado 100 allanamientos en esa localidad por venta minorista de droga y la violencia derivada entre las estructuras que disputan el territorio.

Ahora, el caso volverá a manos de esos fiscales provinciales. La decisión de la camarista Sansó había generado cruces previos entre el Colegio de Magistrados y el fiscal regional de Rosario.

¿Qué dijo el fiscal regional?

Matías Merlo había emitido una dura declaración sobre los fallos que declinan competencia en casos de narcomenudeo. El fiscal regional llegó a afirmar que ese tipo de resoluciones podría derivar en “más homicididos” e instó a los jueces a “hacerse cargo” de una posible espiral de violencia en las calles.

La respuesta de los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario no se hizo esperar. Enviaron un comunicado señalando que sus dichos “constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa”.

Este no es el único episodio de tensión reciente en la Justicia provincial. A finales de febrero, la fiscal general María Cecilia Vranicich envió una nota a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe para manifestar su desacuerdo por una decisión del máximo tribunal sobre espacios físicos en el nuevo Centro de Justicia Penal que se construye en la capital provincial.