Un juez federal procesó al dueño del Ingenio La Trinidad como presunto jefe de una asociación ilícita

Un juez federal procesó al dueño de un ingenio tucumano y a otras cuatro personas por un presunto esquema de evasión que operaba desde hace años. Descubrí los detalles del millonario embargo y la sorprendente prueba que encontró la fiscalía en un depósito secreto.

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Un juez federal procesó al dueño del Ingenio La Trinidad como presunto jefe de una asociación ilícita

La Justicia federal de Tucumán desmanteló un presunto esquema de evasión millonaria que operaba desde hace más de una década vinculado a la producción azucarera. El empresario Ricardo Sixto Ansonnaud y otras cuatro personas fueron procesados por integrar una asociación ilícita tributaria, con embargos que superan los cuatro mil millones de pesos.

¿De qué se los acusa exactamente?

La investigación, iniciada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a maniobras sistemáticas de evasión impositiva y retención indebida de aportes a la seguridad social relacionados con la comercialización de azúcar del Ingenio La Trinidad. El juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez consideró probada la existencia de una estructura estable destinada a cometer estos ilícitos.

La fiscalía federal, a cargo de Agustín Chit, sostiene que el esquema funcionó al menos desde 2010. Para sostener la actividad productiva mientras se eludían obligaciones, se habrían utilizado de manera sucesiva distintas sociedades comerciales, las cuales quedaban luego sin recursos para afrontar sus deudas con el fisco.

Las empresas y las maniobras bajo la lupa

Entre las firmas mencionadas en la causa figuran MIJASI SRL, Azucarera del Sur SRL, ANZUC SRL, el Fideicomiso Azúcares del Tucumán y Los Chaguares SA. Según la acusación, a través de ellas se ejecutaron ventas de azúcar sin registrar, emisión de remitos irregulares y la utilización de contribuyentes considerados “no confiables” por el organismo fiscal.

Además, se investiga la omisión en el pago de impuestos nacionales, la contratación de trabajadores no registrados y la posible retención indebida de aportes previsionales, generando un perjuicio económico significativo para el Estado.

El hallazgo clave: un depósito oculto con toneladas de azúcar

Uno de los elementos que reforzó la investigación surgió de allanamientos realizados en agosto de 2018. En esos procedimientos, los investigadores descubrieron un depósito no declarado que contenía 176.840 bolsas de azúcar de 50 kilos cada una, sin respaldo documental alguno. Previamente, la empresa había negado la existencia de depósitos externos.

Los roles de cada uno de los imputados

El juez Díaz Martínez atribuyó a Ricardo Sixto Ansonnaud una participación central, en su carácter de propietario del ingenio, directivo de varias sociedades y beneficiario del fideicomiso. Su intervención se reflejaría incluso en la firma personal de remitos y órdenes de entrega de mercadería.

Los otros cuatro procesados son Santiago Gasep y Fabio Enrique Seoane, quienes habrían ocupado cargos directivos en las sociedades utilizadas; Marta María FogliataGuillermo Aníbal Kargachin, contador de varias de las firmas vinculadas a la operatoria. Todos fueron imputados como coautores del delito.

Embargos millonarios y posibles penas

Como medida cautelar, el magistrado dispuso trabar un embargo de $1.000 millones sobre los bienes de Ansonnaud. Para los otros cuatro imputados, el embargo se fijó en $700 millones para cada uno, sumando una garantía total de $3.800 millones.

El delito de asociación ilícita tributaria prevé penas de tres años y medio a diez años de prisión, con un mínimo de cinco años para quien sea considerado jefe u organizador. Es importante destacar que esta figura penal es autónoma: regularizar eventuales deudas fiscales no extinguiría la responsabilidad penal por haber integrado la organización delictiva.

La defensa y los próximos pasos

Tras conocerse el procesamiento, el abogado defensor de Ansonnaud, Arnaldo Ahumada, salió al cruce de las acusaciones. Sostuvo que su cliente no mantiene deudas con el fisco, ya que sus obligaciones y las de sus empresas están incluidas en un plan de pago de moratoria y blanqueo aprobado por ARCA, el cual se cumple regularmente. El letrado adelantó que apelarán la resolución judicial al considerar que “debe ser revisada para garantizar el respeto del orden jurídico y la seguridad jurídica”.

El procesamiento es una instancia intermedia. La causa continuará su curso hacia las etapas posteriores del proceso, donde se definirá finalmente si los cinco acusados deberán enfrentar un juicio oral.

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