Un juez frena de golpe los operativos del ICE en nueve estados: la razón que nadie esperaba

Una jueza federal de California dio un paso que puede cambiar el tablero a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California, concedió una medida cautelar preliminar que limita operativos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su jurisdicción y en otros ocho estados.

La decisión se apoya en el riesgo de intimidación a ciudadanos estadounidenses y en el avance de las operaciones migratorias del ICE sobre territorio electoral.

Qué prohíbe exactamente la resolución

El fallo del 21 de octubre, en el marco del caso California Nurses Association v. Mullin (expediente 4:26-cv-10680), fija dos restricciones centrales para las autoridades federales.

Por un lado, impide investigaciones de campo vinculadas a los comicios cuando involucren —o puedan involucrar— a personas que los agentes saben, sospechan o deberían razonablemente sospechar que son ciudadanos estadounidenses.

Por el otro, bloquea los operativos electorales que se apoyen exclusivamente en los registros TECS, es decir, los expedientes generados por la política de verificación de elegibilidad electoral contra ese mismo grupo de personas.

La prohibición involucra a funcionarios, agentes, empleados, abogados y a cualquiera que actúe en coordinación con los organismos demandados.

Hasta cuándo rige y por qué todavía no se aplica

La orden fue prevista en principio hasta el 3 de noviembre de 2026 a las 20 (hora local), hasta el cierre de los centros de votación o hasta que el tribunal disponga otra cosa.

Sin embargo, la propia magistrada suspendió temporalmente su aplicación hasta las 17 (hora local) del viernes 23 de octubre. Ese margen le permite al gobierno federal apelar antes de que las restricciones empiecen a regir.

Los nueve estados alcanzados

La medida cubre las jurisdicciones donde el DHS había previsto intensificar las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la elegibilidad electoral: California, Connecticut, Georgia, Missouri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin.

El 31 de agosto, el organismo federal había emitido una directiva interna llamada Surge Initiative Guidance, que ordenaba a sus agentes priorizar las entrevistas sobre elegibilidad electoral en esos territorios.

Esa directiva formaba parte de una iniciativa mayor, la Unlawful Voter Initiative, puesta en marcha en agosto para detectar posibles casos de inscripción o voto de personas sin ciudadanía estadounidense. Los operativos estaban a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del ICE, y se coordinaban con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis).

El corazón del cuestionamiento: datos y apuro

La jueza revisó cómo las autoridades federales identificaban a los sospechosos de haberse registrado o votado sin cumplir los requisitos. El punto más flojo fue la calidad de la información con la que se armaban las listas.

Según los antecedentes de la resolución, el sistema se alimentaba de 48,2 millones de registros recibidos por el DHS de fuentes independientes cuya procedencia fue cuestionada, más 50,6 millones de registros adicionales del Departamento de Justicia, provenientes de padrones estatales oficiales o de bases comerciales usadas cuando los estados no compartían sus datos.

A eso se sumaba iLab, un sistema que integraba datos de distintas plataformas mediante herramientas de inteligencia artificial no identificadas, y un procedimiento de revisión acelerada: ciertos agentes debían completar al menos 40 revisiones de personas sospechosas, con un máximo de 12 minutos para descartar cada caso.

El tribunal también puso la lupa sobre errores de nombres similares, expedientes incompletos, información desactualizada sobre ciudadanía y equivocaciones administrativas. La documentación judicial advierte que las investigaciones podían alcanzar a ciudadanos naturalizados cuando los datos sugerían que habían votado antes de obtener la nacionalidad.

Para la magistrada, las limitaciones de esas bases de datos y la velocidad exigida a los agentes elevaban el riesgo de señalar equivocadamente a personas habilitadas para votar.