El gobierno provincial se comprometió a investigar lo que pasó en Filosofía y Letras, pero la comunidad universitaria igual fue a la Justicia. Lo que resolvió el juez sobre la presencia policial en el campus cambió el escenario.
El Juzgado Federal N.º 1 de Tucumán hizo lugar a un habeas corpus preventivo colectivo y le puso un límite concreto a la Policía provincial en el conflicto que venía escalando con la comunidad universitaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT.
La presentación la habían impulsado representantes de docentes, no docentes y estudiantes. Según informó la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt), la medida judicial determinó que el accionar policial constituyó una violación directa a la autonomía universitaria y al principio de inmunidad jurisdiccional.
Qué dice la orden contra la Policía
Antes de resolver, el juez evaluó las pruebas de los denunciantes y advirtió “fisuras en la documentación enviada por el Ministerio de Seguridad y de la Jefatura de Policía de Tucumán”. Con ese marco, dictó una orden estricta contra las fuerzas de seguridad.
La resolución establece textualmente: “Ordenar la prohibición de acercamiento, hostigamiento o ingreso no autorizado de efectivos policiales provinciales a los predios de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNT como a cualquier otro predio universitario y sus accesos directos, sin orden legítima, ordenando el cese inmediato de cualquier práctica intimidatoria o detención arbitraria contra estudiantes, docentes y no docentes”.
Protesta, proporcionalidad y derechos
En sus fundamentos, el magistrado sostuvo la protección constitucional del derecho a la protesta y el principio de proporcionalidad. “La protesta social en defensa de la educación pública y el presupuesto universitario constituye un ejercicio legítimo de los derechos de libertad de expresión, peticionar a las autoridades y reunión pacífica”, argumentó en el fallo.
En la misma línea, advirtió que “las fuerzas de seguridad del Estado no pueden utilizar métodos coactivos intimidatorios para disuadir el ejercicio de derechos políticos, sociales o de manifestación”. Y remarcó que los agentes estatales deben actuar bajo un estricto escrutinio de proporcionalidad y respeto a los derechos humanos.
El fallo también recordó que las fuerzas de seguridad locales “carecen de atribuciones para irrumpir, patrullar, requisar o realizar operaciones preventivas sin previa orden emanada de autoridad judicial federal competente o en estricta sujeción a los recaudos legales que protegen el ámbito universitario”. “La intromisión policial sin justificación legítima en el marco de protestas por el presupuesto universitario vulnera la intangibilidad del campus y constituye una vía de hecho ilegítima”, reitera el texto.
El festejo de Adiunt
Conocido el dictamen, Adiunt emitió un comunicado en el que celebró la decisión judicial y reafirmó la importancia de “organizarse frente a la violencia institucional y no dejar pasar las acciones intimidatorias de la policía”.
“Seguimos denunciando la responsabilidad del gobierno provincial y exigiendo que se investigue a los responsables”, concluyó el gremio.
Los dos episodios que originaron el conflicto
La presentación judicial señala dos hechos como la génesis del conflicto. Ambos ocurrieron en las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras.
Según la denuncia, el primero ocurrió el 15 de octubre, durante las protestas por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ese día, un agente policial habría ingresado al edificio y acorralado a un estudiante en los baños. “Tras cerrar la puerta, lo amedrentó expresando: ‘Vos sos el macho de ayer, parate de manos ahora’, y realizó ademanes de agresión física”, señala el escrito.
El segundo se registró el 16 de octubre. En esa oportunidad, cuatro efectivos de Infantería ingresaron al establecimiento “portando escudos y armas de fuego”. Los uniformados solo se retiraron tras el reclamo de una docente, según la denuncia.
Después de ambos episodios, el decano Sergio Robin y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, mantuvieron una reunión para aclarar lo sucedido. Allí, el gobierno provincial se comprometió a investigar los hechos. Aun así, un grupo de representantes de distintos estamentos universitarios decidió avanzar con el habeas corpus colectivo, al que la Justicia Federal finalmente hizo lugar.
