Un juez frenó en seco el límite de 4 años para estudiantes extranjeros en EE.UU.: qué pasará con las visas F-1 y J-1
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Un juez frenó en seco el límite de 4 años para estudiantes extranjeros en EE.UU.: qué pasará con las visas F-1 y J-1

Un juez federal de Massachusetts anuló la norma que ponía un tope de cuatro años a la permanencia de estudiantes con visas F-1 y J-1. La medida nunca llegó a aplicarse, pero el Gobierno aún puede apelar. ¿Qué cambia para quienes planean estudiar en EE.UU.?

Un juez federal de Massachusetts anuló la regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que pretendía poner un techo de cuatro años a la permanencia de estudiantes con visas F-1 y visitantes de intercambio J-1 en Estados Unidos. La decisión, que según NAFSA —una de las organizaciones demandantes— reproduce la orden, calificó la normativa como arbitraria y contraria a la ley.

El fallo del juez F. Dennis Saylor IV resolvió el fondo del litigio y dejó sin efecto la regulación en todo el país. La sentencia preserva el esquema que ata la estadía a la duración de los programas autorizados, siempre que los beneficiarios mantengan su estatus migratorio.

Qué significa para las visas F-1 y J-1

La resolución mantiene vigente el sistema conocido como duration of status (D/S), según explicó la Universidad de Pensilvania. Bajo ese régimen, los estudiantes y visitantes de intercambio pueden quedarse mientras duren sus actividades autorizadas, siempre que cumplan con los requisitos de su categoría. El esquema también abarca a los dependientes F-2 y J-2 que califiquen.

El efecto práctico más relevante recae sobre quienes cursan carreras, doctorados o investigaciones que se extienden más allá de los cuatro años: ya no necesitan presentar una solicitud de extensión ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) solo por superar ese período. Las ampliaciones de los programas siguen tramitándose por las oficinas universitarias correspondientes, de acuerdo con los procedimientos vigentes, precisó la institución educativa.

La regulación había sido publicada el 17 de julio y debía entrar en vigencia el 15 de septiembre. Sin embargo, una orden judicial del día anterior bloqueó su implementación en todo el territorio, por lo que el límite nunca llegó a aplicarse, según la cronología difundida por la Universidad de Pensilvania.

Por qué el tribunal rechazó la norma del DHS

La medida habría reemplazado la admisión por duración de estatus por períodos atados al final del programa, generalmente con un tope de cuatro años. Además, incluía solicitudes de prórroga y restricciones para cambiar de institución, de objetivos educativos o de programas.

El DHS sostenía que los plazos fijos facilitarían la supervisión del cumplimiento migratorio y ayudarían a combatir el fraude, según informó Telemundo. Al resolver, el tribunal cuestionó que la agencia no hubiera evaluado adecuadamente alternativas menos drásticas, incluidos los mecanismos ya existentes del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS).

El juez también concluyó que las restricciones a la movilidad académica excedían las facultades legales del departamento. La sentencia del lunes anuló íntegramente la regulación, con alcance nacional, de acuerdo con la documentación difundida por la organización demandante.

Qué requisitos siguen en pie y qué puede pasar con una apelación

La decisión mantiene las obligaciones habituales: conservar actualizados los formularios I-20 o DS-2019, pedir a tiempo las extensiones académicas y obtener autorización antes de trabajar. Tampoco modifica los requisitos independientes de las prácticas CPT, OPT, STEM OPT o la capacitación académica J-1, según la Universidad de Pensilvania.

Para los estudiantes latinoamericanos y sus familias, hay otra precisión que incide en la planificación de la salida: siguen vigentes los períodos generales de gracia de 60 días para F-1 y de 30 días para J-1 después de completar las actividades correspondientes. Su aplicación depende de las condiciones de cada categoría y de que se mantenga el estatus.

El frente judicial no está cerrado. Según NAFSA, el Gobierno ya había apelado la suspensión de septiembre y obtuvo el 13 de noviembre una pausa de 30 días en ese trámite. Ahora puede recurrir por separado la sentencia final. Una apelación, por sí sola, no restablecería la regla: haría falta otra orden judicial que modificara los efectos de la anulación.

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