Un juez frenó en seco una parte clave de la reforma laboral: el detalle que el Gobierno habría pasado por alto

La justicia acaba de poner un freno de emergencia a uno de los pilares de la reforma laboral del Gobierno de Javier Milei. Un juez nacional suspendió el traspaso de una parte del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires y la disolución de otra, tras una medida cautelar presentada por el gremio de los empleados judiciales. La decisión judicial no anula la ley, pero congela su aplicación hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, en un revés para el oficialismo.

El magistrado interviniente es Herman Mendel, del Juzgado Nacional del Trabajo N°30. El juez aceptó el pedido de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato, y ordenó la suspensión de todos los efectos del acuerdo de transferencia.

Este acuerdo, que forma parte de la ley 27.802 (la reforma laboral), pretendía mover la función judicial en materia laboral del ámbito nacional a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Qué argumentó el juez para frenar el traspaso?

En su resolución, Mendel no declaró la inconstitucionalidad de la norma, pero sí aplicó una medida cautelar que la paraliza. Ordenó específicamente “la suspensión de la totalidad de los efectos del Acuerdo de Transferencia de la Función Judicial en Materia Laboral del Ambito Nacional a la Justicia del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

El magistrado fundamentó su decisión en posibles irregularidades en el procedimiento. Señaló que el proceso de transferencia no habría respetado los mecanismos legales vigentes, en particular los establecidos en la ley 24.588, conocida como Ley Cafiero.

Uno de los puntos más contundentes de su análisis fue la omisión de un paso clave: “Ni siquiera se ha contemplado la imperativa intervención de la Comisión Bicameral”, un organismo que debe intervenir obligatoriamente en este tipo de traspasos entre la Nación y la Ciudad.

La pelea legal que se viene y la respuesta del Gobierno

La medida judicial implica la suspensión de los artículos 90 y 91 de la reforma laboral, que son los que establecían el traspaso junto con el acuerdo. Sin embargo, esta no es la última palabra. El Gobierno nacional tiene la posibilidad de apelar la decisión del juez Mendel.

Como primer paso, el magistrado le exigió al Poder Ejecutivo que, en un plazo de tres días, presente un informe para contestar la demanda de fondo presentada por el gremio. La UEJN no solo pidió la cautelar, sino que busca que se declare la inconstitucionalidad de esa parte de la reforma.

Mientras tanto, se abre otro frente de discusión sobre la competencia. La Fiscalía ya le sugirió al juez que debería enviar el expediente al fuero contencioso administrativo federal. En ese ámbito, la Confederación General del Trabajo (CGT) tiene una causa con un reclamo similar, que hasta el momento no prosperó.

Los argumentos del gremio que hicieron mella

¿Qué planteó la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación para lograr esta suspensión? Sus abogados esgrimieron varios argumentos. Uno central es que la Ley Cafiero, que otorga autonomía a la Ciudad, preveía el traspaso de la justicia en su conjunto, no la eliminación o disolución de una parte de ella, como ocurriría con este fuero laboral.

Además, el sindicato sostiene que la normativa vulnera la estabilidad y continuidad laboral de los empleados que representa. También apuntaron a un detalle procedimental: el Congreso aprobó la reforma laboral en sesiones extraordinarias, pero el tema de la transferencia de la justicia no formaba parte del temario oficial de ese período, lo que, a su juicio, viola la ley.

La reforma laboral, uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno de Milei, fue aprobada por el Congreso a fines de febrero. Este freno judicial inesperado marca el primer gran obstáculo legal para su implementación y anticipa una batalla en los tribunales que podría extenderse.