Un juez frenó la reforma laboral y ahora buscan sacarlo: quién votó a favor
Un juez laboral dictó una cautelar que frenó la reforma laboral. Meses después, una entidad ligada al Gobierno logró que el Consejo de la Magistratura avance contra él. El voto que destrabó el proceso tiene nombre y apellido.
El intento de destituir al juez laboral Raúl Ojeda —el magistrado que dictó una cautelar a favor de la CGT y frenó la reforma laboral— avanzó en el Consejo de la Magistratura y encendió las alarmas entre funcionarios judiciales y abogados. La presentación la impulsa el Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB), una entidad ligada al Gobierno, y contó con el respaldo de la administración de Javier Milei.
Días atrás, el órgano que calibra la conducta y el desempeño de los jueces evitó un planteo de rechazo y quedó facultado para producir pruebas. La causa contra Ojeda es el ejemplo más visible del accionar del MEAB.
Quiénes integran el MEAB
El conglomerado de funcionarios, dirigentes y empresarios falló en su búsqueda de personería gremial a nivel nacional y debió conformarse con un reconocimiento circunscrito a la provincia de Santa Fe. Su accionar cuenta con el beneplácito de la gestión libertaria y goza de una amplia cobertura de medios ultraoficialistas.
Entre los nombres más conocidos de la entidad figuran la senadora Patricia Bullrich, la dirigente experonista y hoy libertaria Florencia Arietto y la diputada de La Libertad Avanza Verónica Razzini.
El voto decisivo
El diputado cordobés Gonzalo Roca, de La Libertad Avanza, aportó el voto decisivo en la Comisión de Acusación de la Magistratura para mantener en marcha el proceso y evitar que prosperara un planteo de desestimación presentado por la sindicalista judicial y diputada Vanesa Siley.
Fue un espaldarazo para una presentación que databa de abril último y que hasta entonces se creía que no podría representar un riesgo para el magistrado. Ese movimiento encendió las alarmas: la Asociación de Jueces del Trabajo (Anjut), la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) y otras entidades de profesionales del derecho se pronunciaron en contra del proceso de enjuiciamiento. Entienden que se basa en el rol funcional de Ojeda, en particular por haber dictado una cautelar a favor de la CGT que frenó la reforma laboral.
El origen del movimiento
El MEAB nació en 2021 por iniciativa de Razzini, diputada y empresaria oriunda de Rosario, que había entrado en conflicto con el sindicato local de Camioneros, que lidera Sergio Aladio, rival nacional de Hugo Moyano.
Aquella puja delineó una mecánica que el movimiento patronal convertiría en su marca registrada: transformar un reclamo sindical en el supuesto bloqueo de una "mafia sindical" contra una pequeña empresa familiar indefensa y con una mujer al frente. El Grupo Razzini es, en realidad, un conglomerado de empresas industriales y del rubro de la construcción con peso propio en Rosario. El holding entró en concurso de acreedores y este año afronta una denuncia penal por un supuesto fraude inmobiliario con tres propiedades.
El caso Lácteos Vidal
En Carlos Casares, el caso de Lácteos Vidal registra similitudes: un reclamo de recategorización de operarios presentado por el sindicato de Lecheros (Atilra) fue contestado con telegramas de despido y comenzó un conflicto. Al frente se ubica Alejandra Bada Vázquez, presentada en los medios como una emprendedora pyme sometida a bloqueos sindicales, aunque la Justicia nunca llegó a comprobar esa imputación.
En reclamos previos durante la pandemia de 2020, los trabajadores lograron filmar al hermano de la empresaria, Vidal Bada Vázquez, mientras era detenido con un arma con la que amenazaba a los operarios para que permanecieran en sus puestos en plena restricción de circulación.
La familia Bada Vázquez volvió al centro de la escena cuando la Justicia de los Estados Unidos dio cuenta de su aparición en planillas de intercambios económicos con el narcoempresario Alfredo "Fred" Machado. También surgieron aportes de campaña para Bullrich, que en varias oportunidades acudió a la planta industrial de la compañía para solidarizarse por los supuestos bloqueos.
La cobertura mediática
Otro factor común de cada conflicto del MEAB es una cobertura de medios prolífica que tiene en su centro notas del portal Infobae con la firma de Ricardo Carpena, un exfuncionario de Mauricio Macri que protagonizó un intento de despidos masivos como vicepresidente de la agencia nacional de noticias Télam, luego revertido por la Justicia.
Pocas victorias judiciales
Si bien el MEAB es muy activo en sus presentaciones judiciales, son menos las veces que la Justicia le da la razón. Hace dos semanas fueron absueltos de todos los cargos el secretario general de la seccional San Nicolás del sindicato de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, y seis extrabajadores de una empresa de distribución de esa ciudad. Cabaleyro transitó cuatro años del juicio en prisión preventiva.
Lobby sin reconocimiento legal
Otra singularidad del MEAB es la distancia entre su amplia capacidad de lobby político y mediático y su casi nulo reconocimiento legal. Sus directivos intentaron inscribirse como asociación civil ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y la pretensión fue rechazada por entender que la naturaleza constitutiva de la entidad era contraria al bien común.
El pronunciamiento de la IGJ fue ratificado luego por la Cámara Civil, que coincidió en que el MEAB se fundó con un objeto ilícito y contrario al bien común por su intención de criminalizar la organización sindical e impedir el ejercicio de los derechos sindicales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Como alternativa, sus referentes consiguieron una personería en la provincia de Santa Fe sólo acotada al distrito.
