Un juez le puso precio a la vuelta de los colectivos en San Juan: $1 millón por día

El transporte público de San Juan tiene una orden judicial para volver a rodar. El juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, dispuso este jueves que el servicio se restablezca con normalidad en toda la provincia y fijó una multa de $1.000.000 por cada día que se incumpla la medida.

La resolución llegó en medio del conflicto que mantiene frenados los colectivos y alcanza a los gremios que impulsaron las medidas de fuerza, a sus autoridades y a las empresas concesionarias.

Quiénes quedan alcanzados por el fallo

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) son las organizaciones sindicales apuntadas por la decisión judicial. Una vez notificadas formalmente, deberán retomar la prestación del servicio y poner a disposición los colectivos y los recursos necesarios para garantizar la circulación.

El fallo también comprende a las empresas concesionarias, que quedan obligadas a cumplir con la orden. Para los trabajadores que mantengan la medida de fuerza después de ser notificados, la multa será de un millón de pesos por jornada de incumplimiento.

Qué pasa si no se acata la orden

La resolución advierte que, si la medida no se respeta, las actuaciones serán derivadas a la Fiscalía General para evaluar una posible infracción a los artículos 239 y 106 del Código Penal.

La presentación que dio origen al fallo fue impulsada por la Fiscalía de Estado, que pidió frenar las medidas de fuerza y evitar que la interrupción del transporte se extendiera en el tiempo.

El derecho a huelga y los otros derechos en juego

Al fundamentar su decisión, el juez consideró necesario compatibilizar el derecho a huelga con otros derechos constitucionales: la circulación, el acceso al trabajo, la educación y la atención sanitaria. La resolución señala que una paralización total del servicio puede golpear a las personas que no tienen otro medio para llegar a sus trabajos, escuelas o centros de salud.

El fiscal de Estado Sebastián Dávila explicó en diálogo con 0264 Radio que la acción judicial apuntó a restablecer el servicio y a evitar que otros derechos quedaran afectados. Según dijo, los fundamentos de la presentación fueron proteger derechos constitucionales vinculados con el tránsito por la provincia y con la salud.

Dávila también aclaró que no se desconoce el derecho de los trabajadores a reclamar, pero sostuvo que la afectación de otros derechos de bien público fue lo que motivó la intervención de la Justicia.

El funcionario precisó además que la multa diaria de $1.000.000 fue establecida directamente por el magistrado, mientras que la Fiscalía de Estado pidió que se asegure la restitución normal del transporte.

Qué viene ahora

Con la notificación de la resolución, la continuidad del conflicto entre choferes, empresas y autoridades queda sujeta al cumplimiento de la orden judicial. El próximo paso será verificar si el servicio se restablece en toda la provincia o si se activan las sanciones previstas en el fallo.