Un juez ordenó clausurar un pabellón de la Alcaidía de General Pico: el motivo preocupa

El juez de Ejecución Penal de la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa, Mauricio Pascual, hizo lugar a un hábeas corpus correctivo presentado por la Defensa Pública y dispuso la clausura inmediata del pabellón 5 de la Alcaidía de la Unidad Regional II, con asiento en General Pico.

La decisión se conoció este lunes y responde a un reclamo que alertaba sobre las condiciones en que viven los detenidos en ese establecimiento. Según el informe elaborado por el defensor general Martín Saravia y los defensores Soledad Forte y Mauro Fernández, el lugar padece un hacinamiento crítico y un marcado deterioro estructural.

Qué denunció la Defensa Pública

En la presentación, los defensores actuaron en representación de todos los internos de la Alcaidía de la UR II y de manera particular de Facundo Viera, Samuel Díaz, Axel Romero, Joaquín Díaz, Franco Falcón y Darío Romero. Allí describieron situaciones que consideraron violatorias del trato digno que garantizan la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Uno de los datos más contundentes es la cantidad de personas alojadas: el viernes pasado había 76 detenidos, de los cuales 47 tienen condena firme y 29 están procesados con prisión preventiva. Sin embargo, el informe oficial de la fuerza policial reconoce que el lugar solo cuenta con 39 camas de cemento habilitadas en sus cinco pabellones activos. Eso arroja un déficit de 37 plazas.

Los defensores también señalaron que, si bien en 2024 se iniciaron obras para ampliar en diez las plazas de detención, esa obra aún no fue inaugurada y de todos modos no alcanzaría a resolver el problema de fondo.

Condiciones que describieron los defensores

El relevamiento presentado por la Defensa Pública expone situaciones extremas. Según consta en el escrito, un interno debe compartir una celda de aislamiento individual con otras cuatro personas. Los techos tienen filtraciones masivas cuando llueve, no hay ventilación ni luz natural indirecta y tampoco calefacción.

El agua corriente se corta por completo durante la noche. Los internos duermen en el piso de cemento, sobre colchones viejos, por la falta de camas. El baño, describieron, es un caño o tubería expuesta por donde la cloaca pasa descubierta, a la vista de todos, emanando gases nauseabundos.

Tampoco se les entregan elementos de higiene básicos como papel higiénico o jabón. Permanecen encerrados casi todo el día y solo salen al patio tres veces por semana. El Servicio Penitenciario no provee sábanas ni mantas, y deben dormir en pisos mojados, rodeados de materia fecal desbordada y ratas. Los defensores hablaron de un abandono alimenticio y médico.

Qué resolvió el juez Pascual

El magistrado consideró que el pedido estaba fundado tanto en los hechos como en el derecho. Por eso ordenó la clausura del pabellón 5 y la reubicación de las personas que estaban allí en un establecimiento de detención de la ciudad que garantice camas individuales, luz natural, ventilación cruzada y sanitarios con privacidad e higiene.

Además, intimó al Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia para que, en el menor plazo posible, resuelva el déficit de camas. Le exigió la provisión inmediata de camas, colchones y sábanas para los 73 detenidos que permanecen en el lugar, bajo apercibimiento de clausurar todo el establecimiento si no cumple. También le pidió que, si las obras del nuevo pabellón ya están terminadas, realoje de inmediato a los condenados en esas nuevas instalaciones.

El juez también ordenó la reparación de las redes sanitarias, la desinfección de plagas y el restablecimiento del suministro de agua potable durante la noche.

Por último, le dio al Ministerio un plazo de 30 días para presentar un plan de separación por categorías de los detenidos y disponer el traslado inmediato de los 47 condenados que están en la Alcaidía de la UR II hacia establecimientos específicos de ejecución de la pena.