Un juez ordenó vaciar un penal de Corrientes: quiénes están encerrados ahí adentro

La Justicia correntina dio un paso drástico: un juez de Garantías declaró que la Unidad Penal N°10, el Área de Seguridad Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís, funciona en un estado de cosas inconstitucional y ordenó que todos los residentes sin causa penal salgan del lugar en un plazo máximo de seis meses.

La medida surge de una acción de hábeas corpus correctivo y colectivo impulsada por el Comité Provincial de Prevención de la Tortura junto a organizaciones de derechos humanos. A través de la Resolución N° 3410, el juez Leandro Damián Llorente también calificó como privación de libertad ilícita el encierro de personas que no enfrentan procesos penales.

El fallo frena el ingreso de nuevos residentes por motivos civiles y exige a las autoridades provinciales una reestructuración inmediata del edificio, ubicado en la capital correntina.

Treinta personas encerradas sin delito

El relevamiento oficial dentro de la causa confirmó que en el recinto hay 39 personas alojadas. De ese total, 30 permanecen recluidas por decisiones de salud mental o asistencia civil, sin ningún vínculo con delitos ni procesos criminales abiertos. Las nueve restantes están bajo la órbita de la justicia penal.

Los peritajes revelaron que el tiempo promedio de permanencia en esta unidad oscila entre nueve y 12 años, el doble que en el resto de los penales provinciales. Hay residentes que están encerrados de manera ininterrumpida desde 1998, 2001, 2002, 2005 y 2006.

Los informes médicos determinaron que al menos 16 personas ya tienen el alta por no representar peligro para sí mismas ni para terceros. Siguen adentro por la ausencia de redes familiares y de centros comunitarios de apoyo.

Riesgo de electrocución y baños en estado crítico

Las inspecciones judiciales expusieron deficiencias de extrema gravedad. El riesgo eléctrico es prioritario: tableros sin tapas protectoras, cables expuestos al alcance de la mano, luminarias colgadas de sus propios conductores y falta total de conexión a tierra.

En los pabellones masculinos se constató un intenso olor a orina, hundimientos en los pisos de las duchas por filtraciones subterráneas e inodoros sin asiento cuyos depósitos se manejan desde el pasillo externo.

En el sector femenino, las letrinas no tienen sistema automático de agua y deben lavarse a mano con bidones. Las puertas de chapa de los baños están oxidadas, con bordes filosos que representan peligro constante de cortes.

El informe también detectó cuatro celdas de contención para aislamiento, sin ventilación ni iluminación natural.

Atado con sábanas a la silla de ruedas

Durante las actuaciones se confirmó que un residente con movilidad reducida, José Martín Aguirre, era atado con sábanas a su silla y a su cama. La dirección del recinto justificó el procedimiento por la falta de personal para asistirlo y el riesgo de caídas.

A ese cuadro se suma el registro de cuatro fallecimientos bajo custodia estatal entre 2022 y 2025. Entre las víctimas figuran Marcos Pedro López, de 25 años, fallecido tras un incendio en una celda de aislamiento; Patricia Nicolasa Carles, de 53 años, por problemas de salud; Rubén Oscar Gales, de 61 años, tras ingerir un objeto metálico; y Juan Carlos Brozzoni, de 60 años, por una afección pulmonar.

Los plazos que fijó la Justicia

El fallo dispuso la prohibición inmediata de aislamientos y ataduras. En 10 días, el residente con movilidad reducida deberá contar con una cama ortopédica con barrales y una silla de ruedas adecuada.

En materia edilicia, hay 15 días para eliminar los riesgos eléctricos más urgentes, 60 días para la puesta a tierra integral y 90 días para reparar los sanitarios de mujeres.

Para la población sin causas delictivas, se fijó un plazo de 30 días para evaluar cada caso de manera individual y un máximo de seis meses para concretar la salida definitiva hacia viviendas familiares o centros comunitarios de salud. La sentencia impide que vuelva a quedar alguna persona sin causa penal dentro del penal.

Por último, el tribunal ordenó conformar una Mesa de Trabajo, Diálogo y Seguimiento, con reuniones cada 30 días para controlar la ejecución del plan y fiscalizar las salidas ordenadas.

Con información de El Libertador