Un juez pidió explicar $22 millones en café: la respuesta de la Asociación de Magistrados de Tucumán

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán (AMT) quedó envuelta en una disputa interna por el destino de sus fondos. El juez penal Gonzalo Javier Ortega reclama desde mayo una rendición de cuentas detallada del ejercicio 2024 y apunta contra gastos en cafetería, medicina prepaga y transferencias universitarias que, según los comprobantes que pide revisar, superan los $90 millones.

El primer planteo formal llegó el 29 de mayo de 2026, cuando Ortega le pidió a la presidenta de la entidad, Marcela Ruiz, acceder a la documentación respaldatoria de distintos gastos. El magistrado había integrado la asociación durante ese período y quería revisar en detalle cómo se habían usado los fondos.

Los números que encendieron la alarma

Entre las erogaciones que Ortega exigió justificar aparece una cifra llamativa: $22.760.206,78 en comestibles y cafetería. El juez fue más allá y pidió precisiones sobre la cantidad de café adquirido y si las compras habían sido en cápsulas o en paquetes.

El listado sigue con pagos de medicina prepaga a ASUNT por $2.352.236,54; a OSDE por $17.180.210,65; y a Swiss Medical por $39.161.098,98. A esos montos se suman consumos de farmacia por más de $10 millones y transferencias a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) por $7.644.565,52.

Ante lo que consideró respuestas insuficientes, el 27 de julio Ortega intimó a la Comisión Directiva. Les dio diez días hábiles para contestar y advirtió que, si el silencio persistía, podía recurrir a la Justicia por una eventual responsabilidad civil y penal.

La defensa de la conducción

La dirigencia respondió el 12 de agosto con una nota firmada por la secretaria Luciana Eleas y el vicepresidente en ejercicio, Jorge Jakobsen. En el escrito rechazó las sospechas y aseguró que nunca usó la confidencialidad como argumento para impedir el control legítimo de su gestión.

Pero cuestionó el derecho de Ortega a exigir esa documentación. La directiva señaló que el juez había pedido su desafiliación el 16 de diciembre de 2024 y sostuvo que, por ese motivo, ya no tenía facultades para controlar la administración. También recordó que el balance de 2024 fue aprobado por unanimidad en la asamblea del 16 de septiembre de 2025.

Además, argumentó que el acceso a facturas, contratos y consumos de terceros excedía el derecho individual a la información y podía vulnerar la Ley de Protección de Datos Personales, sobre todo por la presencia de datos vinculados con la salud.

Ortega rechazó esos argumentos el 23 de agosto por considerarlos insuficientes para despejar sus dudas sobre la transparencia institucional. En esa presentación invocó la resolución 340/2024 de la Dirección de Personas Jurídicas y afirmó que la AMT habría funcionado con mandatos vencidos y en una situación irregular entre el 30 de abril de 2022 y el 22 de agosto de 2024.

A partir de ese planteo, exigió que se identificara a las personas que administraron los fondos, utilizaron cheques y autorizaron transferencias bancarias durante ese período.

La Comisión Directiva volvió a responder el 29 de septiembre, otra vez con la firma de Jakobsen. Negó que la falta de certificación de normal funcionamiento implicara una administración irregular o la ausencia de autoridades legítimas, cuestionó la reiteración de los reclamos y defendió el desempeño institucional de la asociación.

Hasta el momento, Ortega no habría recibido nuevas respuestas a sus requerimientos.

El frente judicial que sigue abierto

En paralelo, la disputa se dirime en la Justicia a partir de una denuncia de la jueza Penal de Niños, Niñas y Adolescentes Ana María Iácono. La magistrada sostuvo que no pudo revisar las facturas antes de una asamblea celebrada en abril de 2026 y pidió la nulidad de esa reunión, donde se aprobaron la memoria y el balance sin un examen previo de la documentación respaldatoria.

Iácono también advirtió sobre posibles maniobras de ocultamiento y se reservó la posibilidad de reclamar responsabilidades patrimoniales.

En ese expediente, el juez en lo Civil y Comercial Común Pedro Yane Mana había dictado una medida cautelar que ordenaba a la AMT entregar los comprobantes contables de 2025 en 48 horas, bajo apercibimiento de secuestro judicial. La entidad anunció que cumpliría, pero presentó la documentación sin el inventario detallado que el magistrado había exigido. Después lo recusó sin expresión de causa, lo que derivó en su apartamiento del caso.

El trámite se complicó aún más porque numerosos jueces civiles, desde la primera hasta la octava nominación, se excusaron de intervenir por su pertenencia a la entidad demandada. Finalmente, el expediente quedó radicado en el juzgado en lo Civil y Comercial Común de la XI Nominación, a cargo de Inés Yasmuss, quien asumió formalmente la competencia.

Ahora la jueza deberá determinar si la documentación presentada cumple con lo ordenado en la medida cautelar o si corresponde avanzar con nuevas medidas judiciales. Mientras tanto, los cuestionamientos sobre los gastos y la rendición de cuentas mantienen abierta la polémica dentro de la Asociación de Magistrados de Tucumán.