Un juez que jugaba al pádel con Macri firmó el cierre del caso por la deuda con el FMI

La Cámara Federal de Casación Penal le puso punto final a la investigación por el préstamo de USD 57.100 millones que Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger tomaron con el Fondo Monetario Internacional. La decisión la firmaron Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, y el caso ya no puede llegar a la Corte Suprema.

Los dos primeros camaristas habían mantenido encuentros reservados con el expresidente en la Quinta de Olivos mientras era jefe de Estado. Uno de esos vínculos se justificó con partidos de pádel y tenis; el otro, con "una relación social de años". Carbajo, en tanto, fue designado en 2018 por el propio Macri.

El fallo de la sala IV, conocido este lunes, rechazó todos los intentos de reabrir la causa. El fiscal Raúl Plee había desistido la semana pasada del recurso de queja, y sin acusación ni querellante legitimado el expediente quedó clausurado de manera definitiva.

El camino que llevó al archivo

La secuencia se había iniciado el 2 de febrero de este año, cuando la jueza María Eugenia Capuchetti decretó el archivo por "inexistencia de delito". La magistrada, también nombrada por Macri, había sido cuestionada por el fiscal Franco Picardi, que la acusó de omitir pruebas de manera deliberada.

El 4 de septiembre, los camaristas porteños Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi ratificaron esa decisión. Ambos fueron designados por el mismo expresidente. Tres semanas después declararon inadmisible el recurso de Casación que había presentado el fiscal José Luis Agüero Iturbe, quien respaldaba la postura de Picardi.

El litigante Antonio Conrado De Martino intentó apartar a los jueces del caso y llevar la discusión al máximo tribunal penal, pero sus planteos fueron desestimados. La Casación nunca analizó el fondo del asunto.

Qué resolvieron los tres camaristas

En el fallo, el tribunal rechazó "in limine" la recusación que De Martino había interpuesto contra los tres jueces. Sostuvieron que "la recusación no encuentra sustento suficiente" y que no existen "elementos objetivos que permitan fundar razonablemente una sospecha de parcialidad de los suscriptos".

También desestimaron los pedidos de apartamiento de los fiscales Plee y Agüero Iturbe y la nulidad del dictamen con el que Plee abandonó la acusación. Para los camaristas, la queja de De Martino "no puede prosperar" porque era una adhesión a un recurso que nunca había sido concedido.

Además, les formularon "una observación" a De Martino y a su abogado, Nicolás Corbetto Norese, para que "en lo sucesivo ajusten sus expresiones a las exigencias de respeto y decoro propias de la actuación judicial". Dieron intervención al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal para que analice la conducta del letrado, al considerar que el escrito contenía "expresiones agraviantes que exceden los límites de los cuestionamientos jurídicos".

Los encuentros con Macri

Borinsky visitó al menos 16 veces la Quinta de Olivos durante el gobierno de Macri, según la serie de notas "Operación Olivos" publicada por El Destape. Muchos de esos ingresos se registraron como partidos de pádel o tenis, y coincidieron con fallos favorables al expresidente o contrarios a la dirigencia kirchnerista.

Hornos también se reunió en secreto con Macri, tanto en la Casa Rosada como en la residencia presidencial. Cuando el escándalo por las visitas al gobierno estalló, en febrero de 2021, se defendió ante sus pares argumentando que mantenía con el entonces mandatario "una relación social de años". En ese momento se conocían seis visitas a la Casa de Gobierno; luego se revelaron otros dos encuentros en Olivos.

Ambos camaristas conforman la sala IV de Casación y tuvieron un rol central en las causas contra funcionarios kirchneristas durante el macrismo, en especial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La acusación que quedó sin analizar

Picardi había investigado un presunto esquema defraudatorio "pergeñado, coordinado y desarrollado" entre mayo de 2018 y septiembre de 2019 por funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central junto a agentes privados. La pesquisa se apoyaba en tres ejes: que se tomó una deuda insostenible sin cumplir con ninguna ley, que el dinero se destinó a la fuga de divisas "en beneficio de grupos privados concentrados y en perjuicio del erario público", y que esos fondos se administraron de forma "discrecional y/o fraudulenta".

Entre los señalados por la acusación estaban Macri, Caputo y Sturzenegger —ex titulares del BCRA—, el actual presidente de la entidad, Santiago Bausili, Nicolás Dujovne, Guido Sandleris y otros funcionarios de segunda línea.

Picardi había apelado el archivo de Capuchetti al considerar que la jueza hizo "una evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial de los hechos y pruebas". Según el fiscal, hubo evidencia "ignorada deliberadamente por la magistrada".

Entre las pruebas que no se tuvieron en cuenta figuraron el incumplimiento de la Constitución, la ley de Administración Financiera y la ley de Ética Pública; la falta de intervención del Congreso, del propio Macri y del entonces jefe de Gabinete Marcos Peña; la incompetencia del Ministerio de Hacienda frente a Finanzas; y un expediente armado con posterioridad a la firma del acuerdo, cuando la deuda ya se había tomado sin documentación previa.

El fiscal también había cuantificado el perjuicio: la Sindicatura General de la Nación estimó el daño al patrimonio público en USD 29.618 millones. Con el desistimiento de Plee y el aval de la Casación, esa cifra y esos planteos quedaron archivados sin revisión judicial.