Un juez vio algo en la frontera con Bolivia que desató una petición urgente de intervención

Una disputa por tierras en La Quiaca, Jujuy, derivó en una denuncia explosiva que involucra a un camino clandestino y presuntas actividades de contrabando desde Bolivia. El informe oficial de un juez de Paz detalla la circulación “constante y sistemática” de vehículos sin identificación por una vía no habilitada, lo que llevó a los abogados querellantes a solicitar formalmente la intervención del municipio ante la Legislatura provincial. Los denunciantes advierten sobre una posible connivencia de organismos estatales y hasta hablan de una “cartelización” vinculada al contrabando en la ciudad fronteriza.

¿Qué encontró el juez en el terreno?

El 26 de enero, el juez de Paz de La Quiaca, Walter Fernando Rodríguez, se presentó en un predio en litigio acompañado por un agrimensor y las partes. El objetivo era constatar el estado de ocupación del lugar, un procedimiento que se desarrolló con tensión. Varias personas que se identificaron como parte de la comunidad aborigen Ojo de Agua se negaron a dar sus datos y tampoco precisaron cuánto tiempo llevaban asentadas allí. Sin embargo, el magistrado observó que las construcciones precarias tenían una data relativamente reciente.

Pero la inspección judicial arrojó un hallazgo aún más preocupante. Al final de una de las fracciones del terreno, el juez Rodríguez documentó la existencia de un camino de tierra no habilitado. En su informe oficial, el funcionario señaló que esta vía sería utilizada como paso para el contrabando proveniente de Bolivia, con salida directa hacia la Ruta Nacional Nº 40.

Un circuito ilegal “a simple vista”

El documento judicial es contundente al describir la actividad en ese paso clandestino. Según el juez, la circulación de vehículos —muchos de ellos sin identificación— se produce de manera “constante y sistemática”, siendo visible a simple vista. Este dato fue el detonante que llevó a los abogados querellantes, Fernando Luis Bóveda y Franco Vera, a elevar el caso a un nivel superior.

Con base en estas observaciones, los letrados presentaron un nuevo planteo ante la Legislatura de Jujuy para solicitar la intervención de la ciudad de La Quiaca. En su pedido, advierten sobre una supuesta connivencia de organismos estatales que, según su visión, estaría favoreciendo el desarrollo de actividades clandestinas en la zona fronteriza. Incluso alertaron que la ciudad podría encontrarse bajo un esquema de cartelización vinculado al contrabando.

¿Una estructura organizada?

Los denunciantes sostienen que este fenómeno no es nuevo y es conocido por los habitantes de la ciudad, aunque se habría intensificado después de la pandemia. Según su interpretación, existiría una estructura organizada que facilitaría el ingreso y la salida de mercadería por pasos no habilitados en el límite entre Argentina y Bolivia.

Para los querellantes, este circuito ilegal estaría directamente relacionado con el conflicto judicial por la ocupación de las tierras. Entre las pruebas presentadas ante la Justicia mencionaron la presencia de más de 50 ciudadanos de nacionalidad boliviana y venezolana que, asegurando formar parte de una comunidad aborigen, ocuparían el predio desde hace al menos una década.

El pedido de intervención será ahora analizado por la Legislatura de Jujuy, que deberá designar una sala de comisión para estudiar la documentación y evaluar las denuncias sobre presuntas irregularidades. El análisis buscará determinar si existe algún grado de connivencia entre instituciones provinciales y personas que, según la acusación, custodiarían el predio con el objetivo de permitir actividades clandestinas.

Mientras tanto, el conflicto judicial continúa abierto. Los demandantes aseguraron haber recibido amenazas de muerte tras realizar las denuncias vinculadas con estas presuntas maniobras ilegales, agregando otro nivel de gravedad a un caso que ya tiene en vilo a la frontera norte.