Un límite al poder que puede cambiar la política de San Luis

La Legislatura provincial convirtió en ley la declaración de necesidad de reforma parcial de la Constitución de San Luis. Con 30 votos a favor y 13 en contra, la Cámara de Diputados dio este miércoles sanción definitiva al proyecto que ya tenía media sanción del Senado desde el 18 de agosto, y que habilita la convocatoria a una Convención Constituyente.

La diputada Fabiana Zárate, miembro informante, explicó que la norma no modifica directamente la Carta Magna, sino que declara la necesidad de hacerlo y fija los temas que podrá tratar la Convención, según el artículo 281. La ley requirió los dos tercios de los miembros de la Legislatura y no puede ser vetada por el Poder Ejecutivo.

Qué se podrá reformar

El esquema aprobado contempla la modificación de 23 artículos, la incorporación de otros 23 y la creación de cuatro capítulos nuevos. La Convención estará integrada por 52 convencionales elegidos en la próxima elección provincial general.

Uno de los cambios centrales es la modificación del artículo 147, que prohíbe la reelección después de dos períodos consecutivos o alternados para gobernador. El período 2023-2027 se computará como primer mandato, por lo que Claudio Poggi no podría acceder a un tercer mandato si se concreta la reforma.

“El objetivo transversal es la limitación del poder, evitar la perpetuidad y posibilitar la alternancia”, sostuvo Zárate. La diputada Eugenia Gallardo afirmó: “Con esta reforma estamos diciéndole no al atornillamiento eterno en el poder”. El diputado Víctor Moriñigo remarcó que “en las últimas 29 constituciones reformadas en el país, 27 traían extensión de mandatos”.

La iniciativa también habilita el balotaje para gobernador y vicegobernador.

Cambios en el calendario electoral

Las sesiones ordinarias de la Legislatura se extenderían del 15 de marzo al 31 de diciembre, y las cámaras se renovarían por completo cada cuatro años, en coincidencia con las elecciones de gobernador. Para eso, se prorrogaría hasta 2031 el mandato de los legisladores elegidos en 2025, que vencía en 2029. El mismo criterio alcanzaría a los Concejos Deliberantes.

Zárate señaló que la ampliación de sesiones responde a un esquema pensado para las distancias que había antes, y que unificar el calendario elimina las elecciones de medio término, reduce costos y evita la fatiga electoral de votar cada dos años.

Reforma judicial

El proyecto busca garantizar la independencia del Ministerio Público, separándolo del Poder Judicial, con una estructura de doble dirección: Defensoría General y Procuración General. También se crearía un Consejo del Ministerio Público y un Jurado de Destitución propio.

Se modificaría el Consejo de la Magistratura con representantes de la academia y del Senado, y la terna que eleve al Ejecutivo tendrá carácter vinculante. Además, se exigirá una permanencia mínima de cuatro años para acceder a nuevas funciones y se eleva de tres a cinco años la experiencia profesional requerida.

Se establece un límite de 75 años para miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y del Tribunal de Cuentas, aunque solo aplicará a quienes asuman después de la reforma. La diputada Marisa Patafio advirtió sobre el riesgo de “mantener jueces vitalicios sin control de idoneidad”.

También se amplía el juicio político a miembros del Superior Tribunal de Justicia, del Tribunal de Cuentas, Defensor General, Procurador General, Fiscal de Estado, Contador General y al responsable del área de Agua.

Agua, capitales alternas y nuevas tecnologías

La reforma jerarquiza el agua como derecho humano y recurso estratégico, con un funcionario técnico designado por el Ejecutivo con acuerdo del Senado y mandato de cinco años. La diputada Verónica Causi explicó que responde a los cambios en los regímenes de lluvias y sequía, y a las necesidades productivas. “El agua debe ser una política de Estado para proteger el futuro de San Luis”, sostuvo.

Se habilitan capitales alternas en distintas localidades, que serán fijadas por ley especial. El diputado Nicolás González Ferro destacó que permitirá descentralizar la gestión y acercar el Estado al interior.

También se incorporan derechos vinculados con nuevas tecnologías e inteligencia artificial, como identidad digital, protección de datos frente a algoritmos y acceso universal a la conectividad, además del hábeas data.

Finalmente, se incluye una cláusula federal para reafirmar la autonomía provincial, un capítulo sobre relaciones intergubernamentales e internacionales, y se corre al 30 de septiembre el plazo para presentar el Presupuesto provincial, que hoy vence el 31 de agosto.